Sídney (Australia), 27 may (EFE) – Un tribunal australiano determinó este jueves que el Ejecutivo de Camberra tiene el deber de proteger la salud de los menores contra los efectos del cambio climático, en un juicio sin precedentes contra la expansión de una mina de carbón en el país oceánico tras una demanda presentada por ocho adolescentes.
Tras su demanda presentada el pasado septiembre, los ocho menores argumentaron en el juicio celebrado en marzo ante el Tribunal Federal de la ciudad de Melbourne, que la expansión de la mina Vickery provocará una emisión de 370 millones de toneladas de carbono en los próximos 25 años.
Esta emisión contaminante equivale a un 70% del total de la emisión doméstica de Australia en 2019.
En el resumen del extenso fallo publicado este jueves, el juez Mordecai Bromberg dijo que el Tribunal ha determinado que la ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley, «tiene la obligación de tener un cuidado razonable para no causar daños personales a los niños» cuando decida sobre la expansión de esta mina.
Sin embargo, el juez desestimó la petición de la activista Anjali Sharma, de 17 años, y siete otros estudiantes del movimiento estudiantil School Strike 4 Climate, quienes fueron representados por una monja, para que el Tribunal emitiera una orden judicial que prohibiera a la ministra ejercer sus poderes para autorizar la expansión.
Al desestimar la petición, el juez aclaró que «el Tribunal dará a las partes la oportunidad de presentar nuevas alegaciones sobre la utilidad y los términos de las órdenes y declaraciones que deberían dictarse ahora, reflejando los motivos de la sentencia del Tribunal».
En virtud del fallo, la ministra de Medio Ambiente no podrá adoptar medidas que dañen a los menores, pero las partes aún tienen que demostrar que la expansión de Vickery, de la minera australiana Whitehaven Coal, representa un riesgo para ellos.
Tras la demanda, el Tribunal Federal de la ciudad de Melbourne aceptó la evidencia de expertos independientes respecto a las emisiones de carbono provenientes de las minas y la quema de combustibles fósiles para evaluar el impacto en la salud de los niños.
David Barnden, abogado de los jóvenes dijo a Efe que el fallo es de gran importancia «para el desarrollo del las leyes sobre el medio ambiente», pero recalcó que el juez aún tiene que precisar «el significado de esta obligación de proteger (a los menores)», por lo que aún se deberán presentar documentos adicionales a principios de junio para sustentar los argumentos.
Por su parte, Ava Princi, de 17 años, destacó en un comunicado de la firma Equity Generation Lawyers que los representa, que «es la primera vez que un tribunal, en cualquier parte del mundo, ordena a un gobierno que proteja específicamente a los jóvenes de los daños catastróficos del cambio climático».
Por otro lado, Whitehaven Coal defendió en un comunicado que «esta demanda no tiene mérito» y aseguró que la empresa busca explotar «un carbón de alta calidad que contribuya a los esfuerzos de las emisiones de CO2 al mismo tiempo que apoye al desarrollo económico en la región».
La ampliación de la mina proporcionaría un beneficio neto de unos $869 millones (737 millones de euros) al estado de Nueva Gales del Sur y crearía unos 950 puestos de trabajo, según la empresa australiana Whiteheaven Coal, a cargo del proyecto.
