París (EFE) – Un tribunal falló este jueves en contra del Estado francés y del grupo de presión agroquímico Phyteis por su responsabilidad en los daños a la biodiversidad por el uso de pesticidas y por una deficiente evaluación de sus riesgos.
El dictamen fue emitido por un juzgado de París a raíz de una denuncia interpuesta por cinco ONG ecologistas (Pollinis, Notre affaire à tous, la Association nationale de Protection des Eaux et Rivières, Biodiversité sous nos pieds y ASPAS) agrupadas en la plataforma Justice pour le Vivant.
La Justicia no sólo reconoce la responsabilidad del Estado francés, sino que le da hasta el 30 de junio de 2024 para aplicar sus propios planes de reducción del uso de pesticidas (el denominado plan Écophyto) y para tomar medidas que protejan realmente las aguas subterráneas de sus efectos.
«La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo reconoce, por primera vez, la existencia de un daño ecológico derivado de la contaminación generalizada del agua, el suelo y el aire por pesticidas, el colapso de los organismos vivos y la culpa del Estado francés en esta situación», celebró Pollinis en un comunicado.
De acuerdo con esta ONG, la sentencia reconoce «fallos en los procedimientos de evaluación y autorización de la comercialización de plaguicidas, demostrados por las asociaciones, y dictamina que estos fallos eran responsabilidad directa del Estado».
También «una relación causal directa entre las insuficiencias de la evaluación de riesgos y el declive de la biodiversidad», según Pollinis.
Las asociaciones denunciantes sostienen que en los últimos 27 años Europa ha visto un declive de entre el 76% y el 82% en el número de insectos voladores y, desde 1980, una disminución del 57% en el de los pájaros de las zonas agrícolas.
El tribunal, sin embargo, no ordenó revisar las metodologías de evaluación de los riesgos, al estimar que no se puede establecer jurídicamente una certitud de que un examen mejorado tendría un impacto significativo o reduciría el número de pesticidas en el mercado.
Este punto será recurrido ante el Tribunal de Apelación Administrativo de París. que también tienen intención de asegurarse, ante el Consejo de Estado, que se aplican las medidas contenidas en el dictamen de hoy.
