Lima, 16 de febrero de 2022 (EFE) – Un mes después del derrame de petróleo en una refinería del norte de Lima, el peor desastre ecológico ocurrido en la historia reciente del Perú, este sigue sin resolverse y el drama social se acentúa, mientras se investigan las causas del accidente y Repsol continúa las labores de limpieza, que el Gobierno considera insuficientes.
Pese al avance en los trabajos para retirar el crudo, las huellas del derrame siguen presentes en el mar y en cerca de 30 playas de Lima, mientras la fauna sigue muriendo y miles de pescadores y comerciantes luchan por sobrevivir tras perder su principal fuente de sustento.
Esta tragedia dejará una factura multimillonaria y parece estar lejos de acabar: algunos daños son irreparables, el periplo judicial será largo y los efectos en algunas especies podrían prolongarse «a largo plazo», tal y como advirtió el sábado la misión de expertos de Naciones Unidas que brinda asistencia técnica y asesoría a las autoridades peruanas.
A la fecha, Repsol logró avanzar un 76% las tareas de limpieza del petróleo vertido, aunque la transnacional española ya acumula unos $358,000 en multas coercitivas por haber incumplido tres medidas impuestas por el organismo público encargado de la fiscalización ambiental.
La compañía se extendió del plazo dado para la identificación de las zonas afectadas, la limpieza y la contención del petróleo, pero asegura que «acatará todo lo que el sistema jurídico y normativo del país defina».
Así lo declaró este martes a Efe el vocero de Repsol en Perú Luis Vásquez, quien insistió en que la empresa se está concentrando ahora en las labores de limpieza para cumplir con su cronograma, «independientemente de los temas administrativos».
En concreto, Repsol prevé finalizar esta semana la limpieza de la superficie del mar y a fines de febrero las labores en playas para continuar en marzo en aquellas zonas de difícil acceso y luego pasar a la fase de reparación ambiental.
CORRECCIONES Y CONTRADICCIONES
El derrame ocurrió la tarde del sábado 15 de enero, cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba el combustible a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla.
En un primer momento, la empresa reportó que se trataba de una fuga de 0.16 barriles (unos 25 litros) y que había sido causada por el «oleaje anómalo» producido por una erupción volcánica en Tonga.
Pero Repsol se corrigió tres días después y elevó la cifra a 6,000 barriles, aunque finalmente calculó que habrían sido 10,400, aún menos de los 11,900 que estima el Gobierno peruano (1.9 millones de litros), que desde el día del accidente ya ha tenido tres ministros del Ambiente diferentes.
Hasta el momento, solo se han recuperado unos 2,000 barriles, según confirmó el lunes el actual titular de la cartera, Modesto Montoya, quien en otro momento dijo que la empresa «todavía no hace lo que tiene que hacer».
«Hay una limpieza de las costas avanzada, pero solamente la parte superficial (…) y la compañía Repsol todavía no empieza la limpieza de esa espuma, más bien está buscando razones, pretextos, para mostrar que no son culpables», sostuvo.
CAUSAS Y RESPONSABILIDADES
Aunque la primera versión de Repsol atribuyó el origen del derrame a las supuestas anomalías en el mar de Ventanilla, la Marina de Guerra negó esta hipótesis y la empresa la cambió por un «movimiento incontrolado del buque» Mare Doricum, mientras descargaba el crudo en la terminal número dos de la refinería.
Por eso, la empresa presentó una reclamación ante los propietarios del petrolero italiano y sus aseguradoras.
El fin de semana del incidente, el capitán de la embarcación, Giacomo Piscano, firmó varias cartas de protesta por los fallos de Repsol durante la descarga y mencionó que el personal de la refinería le había asegurado que el vertido estaba controlado, mientras él observaba que la barrera de contención no era lo suficientemente grande para cubrir el perímetro del barco.
Piscano también consignó, entre otros, que Repsol no le informó la cantidad de petróleo descargado y que hubo una demora de casi seis horas antes de que un práctico de la refinería subiera a bordo para colocar correctamente el barco.
De esta tensa disputa podría depender el reparto de responsabilidades y la asunción de indemnizaciones, según lo que se desprenda de las investigaciones sobre las causas del derrame, que afectó a 80 kilómetros del litoral peruano.
MULTAS E INDEMNIZACIONES
Repsol asegura que su actividad está focalizada en la limpieza y remediación, así como en la compensación con las comunidades afectadas.
Para ello, la multinacional desplegó un equipo humano de más de 2,500 personas y viene dando soporte a unos 2,800 integrantes de una treintena de colectivos de pescadores y comerciantes de la zona, mientras continúa las labores de rescate de animales.
Además de las tres multas ya impuestas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició otros tres procesos administrativos sancionadores contra Repsol, que podrían derivar en tres sanciones más por unos $14.3 millones.
En paralelo, un juez ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera, entre ellos el director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández Cuesta, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de contaminación ambiental.
