Londres (EFE) – Un juez británico retiró este viernes en Londres los cargos contra Greta Thunberg y otros ecologistas por desorden público durante una manifestación contra los combustibles fósiles en la que fueron detenidos, al considerar que la policía aplicó entonces condiciones «ilegales» al efectuar los arrestos.
La activista sueca, de 21 años, y los otros cuatro acusados comparecieron por segundo día consecutivo ante la Corte de Magistrados de Westminster a raíz de su implicación en una protesta celebrada el pasado 17 de octubre frente a un céntrico hotel de Londres, donde se desarrollaba un foro de altos directivos de corporaciones energéticas.
Al emitir su dictamen, el juez John Law halló hoy «deficiencias» en las comunicaciones de los agentes a la hora de lidiar con los activistas y consideró que los policías «impusieron medidas no razonables» para que los ecologistas pudieran acatar las instrucciones policiales.
«Me queda claro que las condiciones fueron impuestas de manera innecesaria», afirmó el magistrado, que provocó un fuerte aplauso y vítores por parte de familiares y amigo que siguieron el caso desde la galería del público cuando declaró que retiraba los cargos.
Tras escuchar entre ayer y hoy los testimonios de agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met) que gestionaron la operación de seguridad durante la manifestación y los argumentos esgrimidos por el letrado de la Fiscalía, Luke Staton, Law optó por la retirada de los cargos «porque están tan poco claros que son ilegales».
Según dijo, cualquiera de los activistas «que no acató las condiciones policiales, no estaba cometiendo ningún delito» debido a la poca claridad con la que se emitieron esas directrices.
«Me resulta bastante llamativo que no hubiera testigos por parte de nadie dentro del hotel, donde había unas mil personas, o de nadie que intentara entrar; ni tampoco evidencias de vehículos (…) ni tampoco evidencia de que se produjeran interferencias en los servicios de emergencia», señaló.
Thunberg ya se había declarado no culpable de quebrar la Sección 14 de la Ley de Orden Público junto con los otros activistas.
Durante la vista de hoy, el juez escuchó los argumentos del equipo legal de la defensa, que sostuvo que las evidencias proporcionadas «no son claras» pues los policías no fueron específicos en sus «comunicaciones» con los activistas que protestaban ante el hotel InterContinental, en Mayfair, a la hora de indicarles exactamente qué debían hacer y a dónde debían desplazarse.
En este sentido, el letrado Rad Chada argumentó que los policías desplegados tampoco dieron tiempo suficiente para que abandonaran la zona, con lo que los manifestantes «no sabían ni podían saber qué es lo que podían o no podían hacer».
Por contra, el letrado Luke Staton, de la Fiscalía, mantuvo que «hay evidencias que apuntan a que los acusados con culpables» de originar desorden público.
Para justificar las detenciones, tildadas por la defensa de «desproporcionadas», Staton recordó que la policía «creyó de manera genuina que se había producido una alteración grave en la comunidad».
Ese abogado dijo que dentro del hotel, cuyos accesos bloqueaban los activistas, «había unas mil personas, entre huéspedes y delegados (del foro energético), que no podían salir, y algunos tenían que coger vuelos».
Los arrestos, además, se llevaron a cabo después de que los agentes probaran «otras tácticas que no tuvieron ningún éxito» para despejar la manifestación, según señaló.
Si bien señaló que «la legislación es clara» y determina que se ha de dar tiempo suficiente para acatar instrucciones policiales antes de efectuar arrestos, «los activistas dejaron muy claro que se iban a quedar donde estaban», cuando se les pidió que se marcharan del lugar, agregó.
La activista Maja Darlington, de Greenpeace, consideró en un comunicado que el veredicto de hoy es «una victoria para el derecho a protestar» y agregó que es «ridículo que cada vez más activistas climáticos se encuentren en tribunales por ejercer de forma pacífica su derecho a manifestarse» mientras los gigantes energéticos se lucran vendiendo combustible fósil.
Los acusados se enfrentaban a sanciones económicas de 2,500 libras cada uno (unos $3,129.54).
