Por Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
La historia de Estados Unidos carga con una herida que nunca cicatrizó. La Guerra Civil abolió la esclavitud en los libros, pero no en las mentes. La victoria militar de un bando no significó la derrota del racismo ni de la idea de superioridad racial y religiosa. Esa visión excluyente sobrevivió latente y disfrazada, lista para resurgir cuando las circunstancias lo permitieran.
Un siglo después, en 1964, se aprobó la Ley de Derechos Civiles. Fue un paso importante, pero no suficiente. La supremacía blanca, las leyes de Jim Crow y la segregación habían sembrado raíces profundas. La nueva legislación prohibió ciertos lenguajes y conductas, pero nunca eliminó la ideología ni el modo de vida que los sustentaba.
Donald Trump abrió la compuerta que mantenía reprimida esa bilis. Su discurso normalizó el racismo, la misoginia y el desprecio por las libertades civiles. Con él, millones de personas encontraron licencia para decir en voz alta lo que antes susurraban en privado. No sienten vergüenza al afirmar que la esclavitud fue un mal menor, que las reparaciones son innecesarias, que hay que expulsar del país a los librepensadores o que las mujeres no tienen derecho sobre sus cuerpos.
Durante su primer cuatrienio, esa retórica se desbordó. En este segundo, la situación es aún más peligrosa. Trump ya no necesita contenerse ni guardar las apariencias. Ha institucionalizado un lenguaje de odio y exclusión que permea todas las esferas del poder estadounidense. Ese lenguaje ahora se ha traducido en acciones represivas, tanto locales como internacionales.
Hace apenas unos días, Trump firmó el memorando conocido como NSPM-7. Con ese documento, instruyó a los Departamentos de Justicia y del Tesoro, al FBI y a otras agencias de seguridad nacional a perseguir y reprimir a individuos u organizaciones que “fomenten violencia política”. Pero la definición es tan vaga y amplia que cabe todo. El memorando permite la intervención y represión antes de que se cometa cualquier crimen. Esto es el epítome del castigo criminal por lo que pensemos.
¿Qué es “violencia política” para Trump? Puede ser criticar el capitalismo, apoyar los derechos de las personas trans, cuestionar la supremacía blanca o respaldar la independencia de Puerto Rico. Es decir, cualquier posición que choque con la visión de los MAGA y cristofascistas.
Ese memorando convierte la mera disidencia en un delito. No se persigue la acción violenta, sino el pensamiento crítico previo. Se criminaliza la oposición política bajo el disfraz de proteger a la nación. Eso es fascismo puro: suprimir la diversidad ideológica para imponer una verdad única.
Trump ha declarado enemigos a quienes no encajen en su molde de familia, religión y raza. Cree que defender los derechos de las personas LGBT es un extremismo; que hablar de igualdad racial es un extremismo; que cuestionar los privilegios del cristianismo fundamentalista es un extremismo.
Bajo esa lógica, millones de ciudadanos estadounidenses —y prácticamente todos los puertorriqueños— somos potenciales sospechosos. Puerto Rico, mestizo por naturaleza, jamás podrá entrar en ese club de “pureza racial” que promueve la ultraderecha. Por eso la estadidad es, además de indeseable, imposible.
El fenómeno se agudiza con el peso del cristofascismo: la fusión del fundamentalismo religioso con el autoritarismo político. Bajo la excusa de defender la fe, se persigue, se discrimina y se excluye. Se utiliza la Biblia como arma para legitimar la violencia y negar derechos. Se impone lo que dice una creencia o un libro religioso por sobre lo que opinan los demás.
En Puerto Rico ya vemos señales claras. Sectores religiosos ultraconservadores se alinean con Trump y con figuras como Charlie Kirk, uno de los voceros más tóxicos del fascismo estadounidense. Ese grupo pretende exportar a la isla una agenda ajena a nuestra realidad social, sembrando división en un país que siempre ha sido mestizo, empático y diverso.
El peligro encuentra un caldo de cultivo cuando quienes gobiernan a Puerto Rico se arrodillan ante esa ideología. Jenniffer González ha decidido plegarse sin reservas al trumpismo. En lugar de defender los intereses de nuestra gente, adopta las posturas más retrógradas de la derecha norteamericana.
Un ejemplo claro fue su decisión de apoyar las políticas abusivas antiinmigrantes y de retirar a Puerto Rico de una demanda multimillonaria contra las compañías petroleras responsables del cambio climático. En vez de luchar por compensaciones que podrían salvar vidas en una isla golpeada por huracanes, prefirió complacer a Trump, quien niega el calentamiento global.
Ese acto de sumisión es una traición a nuestro pueblo. Puerto Rico, de todos los lugares, debería estar en la primera línea de combate contra la crisis climática. Pero nuestra gobernadora prefiere congraciarse con quienes nos desprecian.
El NSPM-7 abre la puerta a revivir las prácticas más nefastas de nuestra historia: la persecución política y las carpetas. Bajo el pretexto de vigilar “extremismos”, se puede fichar a todo el que piense distinto, desde independentistas hasta feministas o ambientalistas. Ya sabemos cómo termina eso: represión, miedo y división. Convertir la diferencia en crimen es repetir las peores páginas del pasado. Esto nos llevaría a la violencia y a esfuerzos genocidas.
Muchos analistas coinciden en que Estados Unidos se acerca a una nueva guerra civil. Las tensiones ideológicas son irreconciliables. El diálogo se ha sustituido por insultos y amenazas de exterminio. El otro ya no es adversario político, sino enemigo a destruir. Trump alimenta esa dinámica porque sabe que el caos le beneficia. No piensa entregar el poder, aunque pierda elecciones. Ya lo demostró en 2020 y lo repite cada día. Sus órdenes ejecutivas y sus discursos van dirigidos a crear un clima de violencia que justifique la represión militar para perpetuarse en el poder político y económico.
El resultado es un país donde la gente camina armada por las calles, donde los tiroteos masivos son cotidianos y donde se criminaliza la protesta. Ese es el modelo que algunos quieren importar a Puerto Rico.
Frente a este panorama, insistir en la estadidad es una ilusión peligrosa. Estados Unidos jamás aceptará como iguales a los puertorriqueños. No lo hizo en 1898, ni en 1964, ni lo hará ahora. Nuestra piel mestiza y nuestro idioma nos condenan a ser vistos como extranjeros en nuestra propia tierra. La retórica del “somos americanos” choca con la realidad diaria de millones de boricuas discriminados en Estados Unidos. Para los MAGA, siempre seremos “aliens”, “savages” o, como dicen los Casos Insulares, pueblos incapaces de gobernarse. Esa mentalidad no ha cambiado y no cambiará.
Puerto Rico ya vive una nueva versión del coloniaje. La primera etapa fue el Estado Libre Asociado, que nunca resolvió nuestros problemas democráticos. La segunda llegó con PROMESA y la Junta de Control Fiscal, que despojó al país de su soberanía fiscal y económica. Ahora enfrentamos la colonia 3.0: un gobierno local sometido al trumpismo y a una visión fascista importada desde Estados Unidos. Con una gobernadora sumisa y una Junta más dura, el margen de autogobierno es cada vez más estrecho.
En medio de este clima, la cultura también juega un papel. La participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl será un terremoto cultural. En la “fiesta sagrada” del americanismo aparecerá un artista boricua que canta en español, denuncia la gentrificación y dice “acho, PR es otra cosa”. Ese gesto enviará un mensaje claro: no somos americanos, somos otra nación. Y ese recordatorio, en un escenario global, provocará reacciones violentas de quienes quieren imponer uniformidad cultural.
Puerto Rico no puede seguir a ciegas esa ruta de odio y violencia. Nuestra historia nos ha enseñado el valor de la resistencia. Como pueblo mestizo, sabemos que la diversidad no es amenaza, sino riqueza.
El trumpismo y el cristofascismo representan lo contrario: la imposición de un solo color, una sola fe, una sola voz. Si dejamos que esas ideas arraiguen aquí, perderemos décadas en sanar las heridas que provocarán.
Hoy estamos ante una encrucijada. Podemos aceptar la sumisión a un imperio que se hunde en el fascismo o podemos levantar la voz para defender nuestras libertades civiles, nuestra diversidad y nuestro derecho a ser diferentes. El trumpismo no ofrece futuro para Puerto Rico; solo promete persecución, pobreza y violencia. La estadidad, lejos de ser solución, sería nuestra condena a vivir como ciudadanos de segunda en un país que no nos quiere.
La alternativa es clara: reconstruir un proyecto de país libre, soberano y democrático, donde la diversidad sea fuerza y no motivo de persecución. Donde la religión no se use como arma, sino que cada cual pueda creer —o no creer— en libertad.
Ese es el desafío de nuestra generación: impedir que el fascismo se aferre al suelo boricua. Denunciarlo, organizarse y resistir. Solo así podremos garantizar que Puerto Rico no se hunda en la marea de odio que arrastra a Estados Unidos.
