San Juan, Puerto Rico – La Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico, UNETE y el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública celebraron hoy la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que ordena el cierre de la escuela chárter Paradiso College Preparatory Real Estate Two inc.
El veredicto del juez Alfonso Martínez Piovanetti se emitió en la mañana de hoy, sellando definitivamente el destino de la escuela chárter. El Municipio de San Juan y la empresa llegaron a un acuerdo que implica que la compañía reconoce su falta de permisos y se compromete a no operar en ninguna circunstancia hasta completar el proceso de Consulta de Ubicación ante la Oficina de Permisos del Municipio.
Esta sentencia ha generado un llamado urgente a la Secretaria de Educación designada, Yanira Raíces, instándola a respaldar el sistema de educación pública y a revocar cualquier autorización otorgada por el Departamento de Educación a Paradiso College Preparatory y a la Corporación para el Desarrollo de las Escuelas Pública Alianzas de Puerto Rico, LLC como Entidad Educativa Certificada. Las organizaciones sostienen que esta situación resalta una vez más cómo la privatización puede dar cabida a la corrupción y cómo las escuelas chárter pueden tener impactos perjudiciales en los estudiantes.
Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico, enfatizó que la escuela Paradiso College estaba operando en ilegalidad al abrir sus puertas sin los permisos legales necesarios, en contravención del Reglamento Núm. 9155 del Departamento de Educación y a pesar de la oposición comunitaria en Río Piedras. Martínez señaló que las escuelas chárter, un modelo de privatización, pueden discriminar contra estudiantes desfavorecidos, y otorgar una Carta Constitutiva a Paradiso contradice el objetivo fundamental de la Constitución de brindar una educación de calidad y gratuita para todos.
Las escuelas chárter han suscitado preocupaciones por su estructura y funcionamiento, al introducir actores privados en la educación pública y aumentar el riesgo de malversación de fondos y corrupción. Al igual que en Estados Unidos, se ha visto en Puerto Rico que estas escuelas pueden ser escenarios de malversación, fraude y discriminación.
Edwin L Morales Laboy, vicepresidente de la organización magisterial, resaltó actos de discriminación contra estudiantes con necesidades especiales. Alegó que los padres de Río Piedras han informado que Paradiso discriminó a estudiantes con diversidad funcional durante el proceso de matrícula, dejándolos fuera del inicio del año escolar a pesar de haber sido aceptados.
El cierre de Paradiso College Preparatory, que había comenzado sus operaciones recientemente, ha resonado en la comunidad. El fallo destaca los problemas inherentes a la privatización de la educación y resalta la importancia de apoyar y fortalecer las escuelas públicas en lugar de desviar fondos hacia empresas privadas. Con este acontecimiento, la lucha por la defensa de la educación pública en Puerto Rico toma un paso adelante, subrayando la necesidad de una educación democrática y participativa.
