La ACLU de Puerto Rico calificó la decisión como una victoria a favor del acceso público a documentos relacionados con la divulgación de datos confidenciales de miles de personas migrantes
SAN JUAN (EFE) – El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) deberá entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico el alegado subpoena que le emitió una agencia federal y otros datos relacionados al traspaso de información de miles de personas inmigrantes.
Así lo ordenó el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, según informó la ACLU de Puerto Rico, que calificó la decisión judicial de «victoria».
«El acceso a la información es primordial y fundamental para una democracia sana y el principio de máxima divulgación debe permear todo el quehacer gubernamental», afirmó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
La organización presentó a principios de octubre una petición de Mandamus ante el tribunal contra el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La petición busca que el Gobierno entregue de manera inmediata documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013.
«El pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué circunstancias y supuestos se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo y cómo ocurrió el traspaso de estos datos, incumpliendo con la intención legislativa en la Ley 97 de 2013, que exige confidencialidad sobre esos datos», subrayó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
El DTOP, representado por el Departamento de Justicia, intentó defender en sala un «interés apremiante» en proteger como confidencial el alegado subpoena que recibió la agencia sobre la información de los inmigrantes.
Además, el Gobierno defendió una política pública de cooperación con las agencias federales a cargo de los asuntos de inmigración.
Pese a sus planteamientos, el Gobierno no pudo demostrar la confidencialidad del documento ni jurisprudencia que sustentara por qué debía impedir al público el acceso a dicha información.
«La decisión en este caso es un reconocimiento de que el público tiene un derecho inalienable a saber, de manera abierta y cándida, cómo se toman las decisiones que nos afectan a todos y que pueden tener consecuencias como las que el país ya ha visto, de ejecución de arrestos de personas inmigrantes en violación a protecciones constitucionales», sentenció Arraiza Navas.
El juez Anthony Cuevas Ramos ordenó que el DTOP tiene cinco días para completar la entrega de la información.
La acción de la ACLU de Puerto Rico surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), así como las evaluaciones legales y la información que fue entregada para cumplir con dichos requerimientos.
El pleito se fundamenta en la revelación pública de que el DTOP, entre febrero y marzo de 2025, entregó a agencias federales los datos personales de alrededor de 6,000 conductores que obtuvieron este tipo de licencia diseñada para personas inmigrantes.
Posteriormente, el propio Gobierno federal confirmó que estos datos son utilizados para identificar inmigrantes, localizarlos, arrestarlos y deportarlos.
