Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (15 de junio de 2021) – El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró hoy nulo el nombramiento de Mabel Jiménez Miranda como presidenta ejecutiva interina de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec), luego de que la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) y la Liga de Cooperativas impugnaran la designación porque la ejecutiva no fue avalada para el cargo en propiedad ni para el interinato.
De esta forma, el juez Cuevas Ramos también rechazó una solicitud de desestimación presentada por Cossec en relación con la petición de interdicto permanente y sentencia declaratoria radicada por CDCOOP y la Liga de Cooperativas, luego de que el organismo público insistiera en mantener a Jiménez Miranda en el cargo.
Cossec insistió en el nombramiento de Jiménez Miranda a pesar de que la designación, efectuada el pasado mes de marzo, no obtuvo la ratificación de la Junta Rectora de CDCOOP, un requisito de la Ley 114 del 2001, que reestructuró a Cossec.
El juez Cuevas Ramos también le ordenó a Jiménez Miranda que cese y desista de ocupar la posición de presidenta ejecutiva interina de Cossec.
La determinación representa un certero varapalo al intento de la administración del gobernador Pedro Pierluisi de controlar el organismo regulador del sector cooperativista, que se gestó con la fulminante destitución de Emilio Torres Antuñano, quien fue designado presidente ejecutivo de Cossec a finales del 2020 con el apoyo amplio del movimiento cooperativista.
Tras el rechazo del nombramiento de Jiménez Miranda, la presidenta de la Junta Rectora de la CDCOOP, Glorimar Lamboy Torres, respaldó que la ejecutiva se mantuviera en el cargo como interina.
La demanda radicada por CDCOOP y por la Liga de Cooperativas sostenía que el nombramiento interino de Jiménez Miranda es ilegal debido a que viola el artículo 9 de la Ley 114 que exige que la designación del presidente ejecutivo debe obtener el respaldo de dos terceras partes de la junta de Cossec y, además, ordena que lo debe ratificar de la junta rectora de la CDCOOP, con la aprobación de siete o más de los 10 integrantes de esa junta.
Los demandantes solicitaron al Tribunal que avale un interdicto preliminar y permanente para que Jiménez Miranda abandone inmediatamente la presidencia ejecutiva interina de Cossec. Además, solicitan que el Tribunal emita una sentencia decretando que Jiménez Miranda no tiene derecho a ocupar el cargo y declarando la nulidad de su nombramiento.
Los demandantes también exigieron que el Tribunal declare nulos todos los nombramientos que haya tramitado Jiménez Miranda durante su incumbencia y exigen que se le ordene devolver los ingresos y beneficios económicos recibidos durante su interinato.
Otro pedido de los demandantes es que se le ordene a Cossec referir a la Junta Rectora de CDCOOP, cualquier nuevo nombramiento a la posición de presidente ejecutivo, según lo dispone la Ley 114.
En su petición de desestimación, Cossec había planteado, entre otros argumentos, que no había sido debidamente emplazada por los demandantes porque faltaron documentos relacionados al caso.
No es la primera vez que una administración de gobierno ha ejercido presión contra el sector cooperativista con el fin de adelantar fines políticos. Durante la incumbencia del ex gobernador Luis Fortuño el sector cooperativista fue obligado a comprar bonos del gobierno, lo que implicó que numerosas cooperativas adquirieran bonos por más de $1,000 millones.
Luego de decretarse la quiebra del gobierno en 2016, los bonos de gobierno sufrieron una dramática depreciación de valor, lo que provocó serias pérdidas para el sector cooperativista. Muchas cooperativas aún enfrentan graves consecuencias económicas por la devaluación de su cartera de inversiones en el gobierno.
