SAN JUAN, Puerto Rico – En una decisión crucial, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, presidido por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, dictó sentencia favorable respecto al aumento de sueldo para los jueces de Puerto Rico.
Este fallo establece que la Resolución Conjunta Núm. 39-2023, aprobada en el presupuesto del gobierno y que contempla un aumento salarial para los jueces, es la «ley especial» requerida constitucionalmente para oficializar dichos aumentos.
La sentencia ordena al gobierno realizar los trámites necesarios con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para transferir los fondos y comenzar a pagar los aumentos de manera retroactiva desde el 1 de julio de 2023.
Los salarios de los jueces, que no habían sido revisados desde 2003, experimentarán un aumento significativo. El salario del Juez Presidente aumentará un 24% a $154,556; el de los jueces asociados un 20% a $144,480; el de los jueces apelativos un 24% a $130,579; el de los jueces superiores un 32% a $118,133; y el de los jueces municipales un 32% a $91,764.
Esta decisión sigue a la demanda interpuesta por el juez apelativo Ricardo Marrero Guerrero y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Inc. (APJ), que argumentaban que la Resolución Conjunta 39 de 2023 era suficiente para legalizar los aumentos salariales negociados entre el gobierno, la Junta y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), incluyendo una partida de $11.2 millones para estos aumentos.
La controversia surgió cuando el presidente cameral Rafael Hernández Montañez indicó que no avanzaría el Proyecto del Senado 1292, que enmienda la Ley de la Judicatura y especifica los salarios de los jueces. Sin embargo, Cuevas Ramos sostuvo que una resolución conjunta tiene la fuerza de ley para asuntos específicos y transitorios, incluyendo el sueldo de los jueces. Así, concluyó que el aumento de sueldo aprobado en la resolución conjunta es válido y permanente, incluso después de su expiración el 30 de junio de 2024, ya que el salario de los jueces no puede reducirse una vez establecido.
El juez ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto iniciar el trámite con la JSF para redistribuir el presupuesto y desembolsar los fondos a través de la OAT. La sentencia también abordó el potencial conflicto de interés, dado que Cuevas Ramos formó parte de la comitiva judicial que en 2019 solicitó un aumento salarial. Sin embargo, el juez argumentó que, dado que todos los jueces en Puerto Rico se ven afectados por esta decisión, era apropiado proceder con la resolución del caso.
Esta sentencia representa un hito en el reconocimiento del trabajo judicial en Puerto Rico y un paso importante hacia la valorización y la independencia de la judicatura.
