Quito, 30 ago (EFE) – Un tribunal ecuatoriano tiene previsto dar sentencia el próximo martes sobre un vertido de crudo que contaminó en abril varias vías fluviales en la Amazonia, proceso legal al que precederá el lunes un «Tribunal ético popular», formado por expertos en derechos humanos contra los que consideran responsables.
La sentencia se emitirá en la ciudad Francisco de Orellana, también conocida como Coca, ante una demanda para la adopción de medidas cautelares en una acción de protección exigida por un centenar de comunidades indígenas afectadas por la contaminación.
DESASTRE EVITABLE
Más de 15,000 barriles, según grupos indígenas, acabaron en los ríos de la región cuando tres conductos de dos oleoductos que van desde la Amazonia, en el oriente, hasta la costa ecuatoriana, se rompieron el 7 de abril debido a un desplome de tierra en una región altamente sísmica y erosionada.
Un desastre que los afectados consideran se podría haber evitado porque, afirman en un comunicado, «el Ministerio del Ambiente y las operadoras (de los oleoductos) supieron con antelación del riesgo inminente del derrumbe que rompió la tubería, sin que haya evidencia sobre las acciones tomadas con esa información».
«Tampoco hay evidencia del despliegue de medidas efectivas y oportunas para contener el avance del derrame ni para notificar a las comunidades río abajo sobre los peligros de la contaminación», indicó una alianza de organizaciones indígenas y derechos humanos.
Responsables del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto Shushufindi-Quito, aseguran por su parte que cerraron las tuberías tan pronto como supieron de su rotura, y que el combustible derramado es básicamente la cantidad remanente desde las válvulas.
E insisten en que ofrecieron agua, alimentos y médicos a la población.
Además de las empresas OCP y Petroecuador, la demanda concierne a los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública.
AFECTACIÓN GENERALIZADA
Presentada a finales de abril por un grupo de organizaciones civiles y religiosas, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana (FCUNAE) y los Vicariatos de Orellana, a la demanda se han sumado un centenar de dirigentes de las comunidades afectadas.
Más allá de los peligros para la salud de decenas de miles de personas, sostienen que la contaminación del agua afecta a su sustento diario de la pesca y contaminado sus chacras (huertos).
Durante el proceso, los demandantes afirmaron que se trataba del «peor desastre social y ambiental de los últimos quince años» y apelaron a la justicia, porque «la misma evidencia de las instituciones demandadas muestra que ignoraron sistemáticamente las alertas que les habrían permitido evitar el derrame», y que la asistencia ofrecida después fue simbólica.
La zona donde ocurrió el vertido es una región altamente sísmica por su proximidad al volcán Reventador, donde son frecuentes los corrimientos de tierra.
Además, el vertido se produjo menos de dos meses después de que la vecina cascada de San Rafael, entonces la más alta del país, se desplomara y provocara un cambio en el flujo del agua, lo que ha incrementado la erosión a lo largo de varios kilómetros poniendo en riesgo carreteras, puentes y otras infraestructuras.
UN PROBLEMA DE ALCANCE MAYOR
Grupos ecologistas sostienen que esa creciente erosión regresiva es causada por la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida en 2016 en la misma zona, que ha aligerado supuestamente la sedimentación y debilitado los cauces.
«No se sabe a ciencia a cierta, se están haciendo estudios. Tendríamos que analizar el impacto que tuvo el represamiento o este vertedero que tenemos (de la hidroeléctrica) a unos 12 ó 13 kilómetros antes de la cascada», manifestó a Efe el geólogo Pablo Melo, representante de una empresa de monitoreo morfológico e hidrodinámico que presta servicios a OCP.
El experto considera que habría que analizar «qué impacto tiene en términos de sedimentos» la infraestructura de la represa.
Y si científicamente no hay aún una prueba concluyente, las graves amenazas de esta erosión han llevado al Gobierno a adoptar un plan de emergencia para instalar muros de contención y ampliar cauces, con el fin de frenar la velocidad del agua.
De una u otra forma, para las comunidades indígenas, el problema va mucho más allá, pues las autoridades nacionales llevan décadas desoyendo sus reclamaciones para que la Amazonia quede al margen del extractivismo y de las infraestructuras que afectan a la naturaleza y socavan su tradicional estilo de vida.
