Por Jorge J. Muñiz Ortiz
Agencia EFE
San Juan (27 octubre de 2021) – Puerto Rico inicia este miércoles una nueva etapa con la aprobación de la ley que habilita el polémico Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), pero la división persiste entre aquellos que lo ven como una salida a la multimillonaria quiebra y los que temen una crisis más profunda.
El PAD se oficializó cuando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó a última hora del martes el Proyecto de la Cámara 1003, previamente aprobado por ambas cámaras legislativas, y el cual propone, entre sus medidas, recortar la deuda pública del Gobierno local de más $70,000 millones a $34,000 millones o menos.
Ese proyecto de reestructuración de la deuda crea la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico y contiene las disposiciones y condiciones para aprobar la oferta, venta y emisión de los diferentes tipos de bonos de obligación general.
Al rubricarlo, Pierluisi defendió que la reestructuración de la deuda del Gobierno «es esencial para lograr terminar con el proceso de quiebra y poder regresar al progreso», pero muchos consideran que será perjudicial para sectores somo los funcionarios jubilados y la universidad pública.
EL PLAN AFECTARÁ AL SECTOR MÁS POBRE
Jorge Schmidt, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR), admitió a Efe estar muy «preocupado» con el PAD, pues afectará a todos los sectores de la isla, pero específicamente a los que tengan menos ingresos debido a la inflación.
El experto sostuvo que hay debates en las proyecciones que pronostican que la deuda empeorará y habrá una segunda quiebra que será «hasta peor» que la primera, lo que vienen denunciando diferentes colectivos que se han manifestado en numerosas ocasiones contra el PAD.
Para calmar a los críticos, el gobernador aseguró: «Llevamos más de cinco años luchando para lograr un acuerdo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, de forma sostenible, y al mismo tiempo nos permita tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestra gente».
La medida ha estado envuelta en controversia desde su inicio y ha requerido largas negociaciones. Salió finalmente adelante con los votos mínimos en el Senado (14 a favor y 13 en contra) y con algo más de margen en la Cámara de Representantes (34 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones).
Para ser aprobada, sufrió enmiendas en varios de los artículos que despertaron más objeciones entre los legisladores, como el referido a la protección de las pensiones de los funcionarios, que tiene el objetivo de salvar sin recortes.
Sin embargo, está por ver la reacción a estos cambios de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente establecido por el Congreso en Washington para supervisar el impago de la deuda y evitar que el Gobierno local haga mal uso de las finanzas públicas.
«Desde que llegó la JSF, ellos no hablan de desarrollo económico, sino que solo hablan de recortar y recortar. Realmente, no veo nada del acuerdo que sea bueno porque no hay un plan de ingresos para el país, de cómo crear capital», lamentó Schmidt.
Otro de los asuntos que más críticas ha levantado es la financiación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que solo operará con $500 millones anuales por un periodo de cinco años desde 2023 hasta 2027.
«Después de ahí, no hay un plan a largo plazo. Eso no puede quedarse fijo, porque la inflación lo va reduciendo», sostuvo Schmidt, quien advirtió asimismo que la JSF puede finalmente aprobar menos dinero.
La Ley Número 2 de 1966 es la que establece el presupuesto de la UPR, el cual recibe el 9,6 % de los recaudos del Gobierno de los pasados dos años, dijo a Efe Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios.
«Si los recaudos aumentan en el país y hay bonanza económica, los fondos para la UPR aumentan pero, si no hay recaudos, pues la universidad se ajusta a la crisis», indicó.
A pesar de la firma del gobernador tras haber ratificado el proyecto el Legislativo, la JSF ya advirtió que evaluará el texto para comprobar que efectivamente hace posible el Plan de Ajuste, ya que se introdujeron enmiendas respecto al documento inicial.
Si la JSF determina que el texto aprobado por el Legislativo y el Gobierno pone en peligro el plan de ajuste y la reestructuración de la deuda se pondría en marcha un proceso de mediación que tiene de plazo hasta el 2 de noviembre.
