Auditoría revela vínculos del exfuncionario con empresa beneficiada por contrato para proyecto de energía solar en terrenos agrícolas
Por Centro de Periodismo Investigativo
SAN JUAN, Puerto Rico – La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tendrá que evaluar si el exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, incurrió en un conflicto de interés cuando, como jefe de esa agencia y de la Junta de Directores de la Autoridad de Tierras (ATPR), tomó decisiones que pudieron facilitar un proyecto fotovoltaico en terrenos agrícolas que pertenecen a una corporación de la que él es inversionista.
El referido a la OEG fue hecho por la Oficina del Inspector General (OIG), según el informe publicado el 18 de noviembre, luego de que una auditoría encontró que el exsecretario pudo haber incurrido en conflicto de interés en las gestiones que se hicieron desde la ATPR, adscrita al Departamento de Agricultura, a favor de un proyecto de energía renovable en Salinas y Guayama. El proyecto es desarrollado por la compañía Clean Flexible Energy, una afiliada de la empresa de producción de energía con carbón AES. Parte del proyecto se desarrollaría en terrenos pertenecientes a la compañía Agriart LLC, de la que González Beiró es parte.
En el resumen ejecutivo de la OIG, donde se recogen los hallazgos de la auditoría, se señala que “la evidencia recopilada” muestra que los proyectos de energía renovable, en efecto, se hicieron en terrenos pertenecientes a una “empresa privada vinculada” a González Beiró. Este esquema fue revelado por una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que también fue divulgada por Bonita Radio en octubre de 2024.
La Ley de Ética Gubernamental prohíbe que un servidor público intervenga, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para sí mismo, un familiar o socio suyo. Define como conflicto de interés aquella situación en la que el interés personal o económico está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público.
El CPI se comunicó con González Beiró, pero declinó reaccionar al referido.
El documento indica que la OIG encontró evidencia de “la participación de personas con vínculo directo con el exfuncionario en la estructura directiva de la empresa propietaria de los terrenos”.
La investigación publicada por el CPI y Bonita Radio mostró que González Beiró aprobó con su firma el acta de una reunión de la ATPR en marzo de 2024, en la cual la agencia extendió hasta 2053 un contrato a Clean Flexible Energy para facilitar un proyecto fotovoltaico en terrenos agrícolas. Esos terrenos pertenecen a Agriart LLC, una compañía en la que el exsecretario posee un 18% de la participación. Su hijo y un socio suyo figuran como vicepresidente y presidente de la compañía, respectivamente.
El Acta Referéndum de la Junta de Gobierno de la ATPR del 13 de marzo de 2024 indica que el alquiler de la finca de la Autoridad de Tierras era necesario para que Clean Flexible Energy pudiera cumplir con su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y conseguir financiamiento para el proyecto de las fincas solares.
Aunque el exsecretario de Agricultura de la administración de Pedro Pierluisi creó un fideicomiso ciego para manejar sus intereses privados mientras estaba en el cargo y presentó un documento de inhibición ante la OEG, la auditoría señala que “identificaron elementos posteriores que pudieron afectar la efectividad de ese mecanismo y generar una apariencia o posible conflicto de interés”.
Entre los hallazgos de la OIG se encuentra “la ausencia de divulgación completa de información relevante sobre la estructura de la empresa [Agriart LLC] al momento en que se evaluó [la inhibición] el mecanismo de prevención de conflictos de interés”.
El resumen ejecutivo también señala que, bajo la administración de González Beiró, se aprobaron guías internas y procesos para evaluar proyectos de energía renovable, los cuales fueron utilizados para dar el visto bueno a proyectos en terrenos vinculados a la empresa Agriart LLC. Al mismo tiempo, se “formalizaron múltiples contratos relacionados con estos proyectos por agencias del gobierno que interactúan con el DA, lo que pudo haber generado beneficios indirectos a la entidad privada relacionada”.
Agriart LLC tiene más de 1,800 cuerdas de terreno entre el barrio Aguirre, en Salinas, y el barrio Jobos, en Guayama, según un documento presentado al Departamento de Energía federal. En 661 cuerdas de esas fincas que Agriart LLC alquila a Clean Flexible Energy, se planifica la construcción de un proyecto de producción de energía en el que las instalaciones fotovoltaicas sumarán 200 megavatios. El proyecto busca vender electricidad a la red de distribución de la AEE.
Por disposición de ley, González Beiró, como secretario de Agricultura, presidía la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Su firma al pie del acta de marzo hace constar que la reunión sobre la extensión del arrendamiento se aprobó por la mayoría de los miembros, pero no especifica cómo fue la votación.
Señala el acta que el “Presidente de la Junta se inhibió de participar en la evaluación y votación de este asunto”, pero no aclara si González Beiró permaneció en la sala de reunión durante la discusión del arrendamiento o si se salió en momentos en que se trataba el asunto y, de ser así, no indica cómo es que puede dar fe en el acta de lo acontecido en la reunión.
En 2024, González Beiró le dijo al CPI que no recordaba si había salido de la reunión durante la discusión del contrato de arrendamiento, pero aseguró que esa transacción no tenía que ver con los negocios de su familia. La OEG establece claramente que, cuando en una reunión surja un asunto que le genere un conflicto de intereses, el funcionario público se excusará y saldrá de la reunión hasta que concluya la discusión y se tomen las determinaciones sobre dicho asunto.
El CPI no pudo corroborar lo ocurrido en esa reunión del 13 de marzo de 2024 porque la Autoridad de Tierras no tenía un archivo de grabaciones de las reuniones de su Junta de Gobierno, en violación a la Ley 159-2013, que le impone la obligación de grabarlas y mantenerlas en la página web de la corporación pública.
