San Juan, 10 de febrero de 2022 (EFE) – Un juez determinó causa para arresto contra un trabajador social de la Administración de Familias y Niños por maltrato de personas de edad avanzada y discapacitada y violaciones a varias disposiciones del Código Penal y a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
Los cargos contra Carlos Nazario Rosado fueron presentados por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia local, informó este jueves dicha agencia gubernamental en un comunicado de prensa.
Fue el juez Luis F. Padilla Galeano, del Tribunal de Primera Instancia de la Sala Municipal de Mayagüez, quien determinó el martes pasado causa para arresto contra Nazario por todos los delitos imputados por el Ministerio Público, y le fijó la fianza de $6,000.
La investigación establece que el 27 de enero de 2021 y sin autorización, Nazario vendió en una casa de empeño dos televisores pertenecientes a una persona de edad avanzada, no vidente y discapacitada, que se encontraba bajo la custodia del Departamento de la Familia y ubicado en el Hogar La Bondad de Mayagüez.
El imputado se apropió ilegalmente del dinero producto de esa venta.
Posteriormente, los días 9 y 10 de febrero, Nazario retiró dinero en dos ocasiones en igual número de cajeros automáticos de la zona oeste utilizando la tarjeta de débito del adulto mayor sin su autorización.
El imputado se apropió ilegalmente de $760.
Paralelo a ello, la investigación criminal reveló que durante 1 al 17 de febrero de 2021 Nazario dispuso fraudulentamente de todos los bienes muebles del sexagenario, los cuales incluían electrodomésticos que se encontraban en su residencia.
La vista preliminar contra Nazario fue señalada para el 2 de marzo de 2022.
«Hacer cumplir la ley y proteger a los adultos mayores es un imperativo de nuestra misión como agencia de bienestar social», dijo en un comunicado de prensa la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González.
«Inmediatamente advinimos en conocimiento de las alegaciones contra este empleado se procedió a referir a las autoridades de ley y orden pertinentes, comenzando así el proceso formal de investigación y las acciones cautelares. Los adultos mayores afectados fueron protegidos y sus casos fue reubicados», agregó.
La funcionaria enfatizó, que cualquier empleado, entidad o persona en la cual se delega el cuidado de un adulto mayor vulnerable debe saber que este es un deber ineludible.
«Violar la integridad y bienestar de ese adulto que tiene a cargo representa un acto reprochable e ilegal que será castigado con todo el peso de la ley», apuntó.
