San Juan (EFE) – El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, sometió una carta a congresistas y senadores federales cuestionándoles el porqué excluyeron el estatus actual de Puerto Rico entre las opciones en el plebiscito de 2023.
En un comunicado de prensa emitido este domingo, Hernández cuestionó a los congresistas y legisladores lo que representaría para la democracia excluir el Estado Libre Asociado (ELA) de las alternativas para mantener la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.
«El estatus político de Puerto Rico ha tenido múltiples etapas de desarrollo durante los últimos 500 años, y su evolución no puede verse manchada por la exclusión deliberada de una de las principales fuerzas políticas de la población en la isla», dijo Hernández.
El proyecto, presentado en la Cámara de Representantes federal, impulsa celebrar en noviembre de 2023 un plebiscito vinculante para que los ciudadanos decidan si la isla debe ser un estado de EE.UU., tener una soberanía en libre asociación (diferente al actual estatus) o reclamar su plena independencia.
Ante ello, Hernández opinó que si solo se incluye la «estadidad» o anexión a EE.UU., la libre asociación e independencia, «el Congreso estaría yendo en contra de la voluntad de un importante grupo de la sociedad puertorriqueña».
«¿Cuál es el temor de los detractores del ELA? Si están tan convencidos de que esta opción no prevalecerá en un plebiscito, no deberían tener ningún problema con que se incluya entre las alternativas de definición de estatus», reflexionó.
«La democracia exige transparencia e inclusión. Tratar de silenciar los votantes a través de la exclusión porque no comparten el mismo punto de vista que los que reclaman ser los guardianes de estos procesos democráticos es aún peor», enfatizó Hernández.
Según reza la carta, el presidente cameral insistió que «cualquier proceso político que pretenda cambiar el estado actual de Puerto Rico debe traer a la mesa a todas las partes para garantizar una participación justa y más representativa que dé legitimidad al proceso».
«El Congreso tiene la oportunidad de terminar con el dilema centenario del estatus de Puerto Rico», aseguró Hernández, miembro del Partido Popular Democrático (PPD), el cual defiende el actual estatus político de la isla.
«Esto es una cuestión de justicia social, y equidad, por lo que el Comité de Recursos Naturales, en su deber histórico, debe favorecer el derecho democrático de todos los puertorriqueños, dejando que ellos decidan su destino a través de un proceso abierto, transparente y justo», apuntó.
El gobernante Partido Nuevo Progresista aboga por la anexión de Puerto Rico como un estado más de EE.UU., mientras que y el Partido Independentista Puertorriqueño, por la independencia.
En noviembre de 2020 se celebró en la isla un plebiscito de estatus no vinculante para conocer si los puertorriqueños respaldaban la anexión como el estado 51 de EE.UU. con un «sí» o un «no», sin más opciones, obteniendo «sí» en el 52% de los votos.
Puerto Rico tiene actualmente cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero áreas como defensa, fronteras, moneda o relaciones diplomáticas quedan bajo el control de la Administración Federal de EE.UU.
