SAN JUAN, Puerto Rico – En un giro controversia en la política puertorriqueña, «Tatito» Hernández, Presidente de la Cámara de Representantes, expresó su firme desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que desestimó una apelación de la Cámara en contra del auto-aumento salarial de los jueces.
Hernández argumenta que la notificación fue realizada adecuadamente y acusa al Tribunal de legislar en beneficio propio, socavando las prerrogativas constitucionales y la doctrina de separación de poderes.
La decisión, que sostiene el aumento salarial ordenado por el Tribunal de Primera Instancia, fue criticada por Hernández como un ejemplo de cómo el sistema judicial se compensa a sí mismo con bonificaciones y privilegios, en un momento donde la credibilidad de las instituciones públicas está en juego. El Presidente de la Cámara señaló las «profundas deficiencias» en la operación de la Rama Judicial, que han contribuido a la revictimización de las víctimas de crimen y a una ola de feminicidios.
Frente a esta situación, Hernández anunció que los abogados de la Cámara están preparando un recurso de reconsideración para desafiar la decisión, basándose en los méritos legales del caso. Este movimiento subraya la determinación de la Cámara de Representantes para defender sus prerrogativas constitucionales frente a lo que consideran un uso indebido de tecnicismos para beneficio personal de los jueces.
La polémica surge en un contexto donde el aumento salarial había sido avalado por una Resolución Conjunta, sin necesidad de un proyecto de ley adicional, según los demandantes. Esta saga legal no solo pone de manifiesto las tensiones entre las ramas del gobierno de Puerto Rico, sino que también plantea serias preguntas sobre la equidad, transparencia, y la ética dentro del sistema judicial del Estado Libre Asociado.
