Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (15 de abril de 2021) – Sin ruido y fanfarria la Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJPR), anunció el pasado 30 de marzo que estaba solicitado propuestas para instalar y operar el sistema de interconexión para las “máquinas de juegos de azar en ruta” y durante el día de hoy la solicitud oficial de propuestas, que contiene todos los requisitos técnicos y legales que exige el gobierno, fue retirada en la página oficial de la CJPR para realizarle algunos cambios.
Orlando Rivera, director ejecutivo de la CJPR, indicó que el documento será retirado por 30 días para efectuar algunos cambios menores en los requisitos que deberán cumplir las empresas. Entre esos cambios figura requerir que las empresas proponentes paguen los gastos de viaje, alojamiento y estadía de los funcionarios de la CJPR, quienes visitarán sus centros de interconexión para máquinas de juegos de azar en otros países, con el fin de confirmar que se tratan de empresas confiables y firmemente establecidas.
Rivera dijo que los funcionarios de la CJPR también dialogarán con las entidades gubernamentales a las que estas empresas proveen la interconexión, con el objetivo de corroborar la calidad del servicio y la eficiencia en el cobro de contribuciones por jugadas en las máquinas de juegos de azar.
Las propuestas de las empresas participarían en la subasta para la interconexión inalámbrica de 45,000 máquinas tragamonedas, que es probablemente uno de los contratos más lucrativos para el gobierno porque generará ingresos por más de $265 millones anuales entre pagos por licencias y contribuciones por jugadas. Además, la empresa que resulte seleccionada podría generar ingresos anuales de más de $15 millones.
Rivera indicó que más de 15 empresas con operaciones internacionales han mostrado interés de participar en la subasta CJPR. Otra enmienda que se le hará a la propuesta, es incluir el término de tiempo del contrato, que por error no fue incluido en la versión original. “Me dicen que el término legal para ese tipo de contrato es 5 años, pero yo debo velar porque el término de tiempo sea el adecuado apara que la empresa recobre su inversión. El último contrato para la Lotería Electrónica fue por ocho años”, dijo el funcionario.
La empresa que prevalezca en la subasta con la oferta de costo mensual más baja, deberá instalar toda la infraestructura técnica necesaria para conectar en los primeros dos años 25,000 máquinas y luego, después del segundo año, garantizar la conexión para 10,000 máquinas adicionales por año hasta alcanzar la meta de 45,000, máquinas, lo que convertirá a Puerto Rico en uno de los más grandes mercados de máquinas tragamonedas legalizadas del mundo.
De hecho, en escenario ideal en que estuvieran operando las 45,000 máquinas, los ingresos sujetos a contribuciones se estiman en $591.3 millones, lo que representaría un ingreso de $195.1 millones al año para el CJPR, como resultado de la tasa de 33% contra las ganancias que ordenó la Ley de Reforma Contributiva del 2018, o ley 257.
No obstante, solo el 5% de esos ingresos pasarán al CJPR. El 50% de los ingresos fue destinado a un fideicomiso para el retiro de la policía, mientras que el 45% restante fue asignado a pagar la responsabilidad de los municipios con la Tarjeta de Salud del gobierno. A su vez, el Departamento de Hacienda obtendrá $67.5 millones por el pago de licencias para las máquinas de juegos de azar, cuyos dueños pagarán $1,500 al año por cada unidad.
Fuentes de EyBoricua.com revelaron que las principales empresas en interconexión inalámbrica para máquinas tragamonedas como Scientific Games, GTech y Caribbean Cage, han comenzado un intenso cabildeo en la legislatura y en la administración de Pedro Pierluisi, con el fin de influenciar la selección final.
La Ley 257 del 2018 estableció los mecanismos para legalizar 45,000 máquinas de juegos de azar, de un universo de más de 80,000 máquinas que actualmente operan ilegalmente porque pagan premios con dinero en efectivo. Las máquinas tragamonedas de los casinos y las máquinas que administra el hipódromo Camarero son las únicas autorizadas por ley a pagar premios con dinero en efectivo a los ganadores.
Rivera reconoció que los retos no concluirán con la selección de la empresa proveedora de la interconexión, pues la CJPR tendrá la responsabilidad de sacar del mercado las 40,000 máquinas que la ley 257 no legalizó. “Yo confío que con nuestros recursos y la ayuda de los municipios y la policía podremos manejar esta situación, porque a los municipios y a los policías no les conviene que esas máquinas sigan operando porque no estarán conectadas”, dijo el funcionario.
Agregó que cuando llegue el momento para extraer del mercado las 40,000 máquinas, la CJPR y él serán demandados por los dueños de las máquinas afectadas. Además, en la primera camada de 25,000 máquinas que serán legalizadas, el universo de dueños de máquinas que podrán operar legalmente y que recibirán licencias se limita a 100, porque la Ley 257 solo permite 250 máquinas por cada dueño operador.
“Se estimó que había 2,100 dueños operadores de máquinas y en los primeros dos años, cuando la ley permite 25,000 máquinas, solo habrá 100 dueños de máquinas legalizados. Eso no ha gustado. Y así lo dispone la ley. Yo he recibido dos amenazas de muerte y en Fortaleza los saben”, dijo Rivera.
Otro reto que enfrenta el funcionario son las quejas de los dueños de máquinas por los efectos de la epidemia del COVID 19 en sus negocios., que es el lugar preferido para la ubicación de máquinas de juego de azar, según indicó Rivera.
“El COVID 19 ha causado estragos en el comercio al detal y los dueños de máquinas han perdido muchos lugares para ubicar sus máquinas y eso ha causado muchas pérdidas. Si la Legislatura me ayuda y puedo lograr bajar el costo de las licencias, es algo que puede ayudar a este sector”, dijo Rivera, quien favorece que la legislatura le permita realizar cambios por vía del reglamento de las máquinas de azar.
De hecho, Rivera espera que los dueños de máquinas afectados por la ley 257 ejerzan una fuerte presión en la Legislatura en el Ejecutivo para viabilizar enmiendas que alivien su situación.
