El máximo foro judicial ordenó el desaforo inmediato e indefinido de la exgobernadora de Puerto Rico, indultada en enero por Donald Trump
SAN JUAN (EFE) – El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió este lunes del ejercicio de la abogacía a la exgobernadora Wanda Vázquez, quien se declaró culpable de un caso de corrupción pero fue indultada en enero pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La sentencia difundida este lunes por el Supremo señala que, habiéndose establecido que Vázquez incurrió en esa conducta, «su permanencia en el ejercicio de la profesión legal resulta insostenible».
«El uso indebido del poder y la conducta deshonrosa desde una posición de autoridad representan una afrenta directa a la dignidad de la profesión legal y al sistema de justicia en su conjunto», añade el texto del Supremo.
Por ello, se dictamina «el desaforo inmediato e indefinido» del ejercicio de la abogacía de Vázquez, quien fue la primera ejecutiva del archipiélago entre 2019 y 2021.
La exgobernadora deberá notificar inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, así que devolverles los expedientes de los casos pendientes y los honorarios recibidos por trabajos no realizados.
Vazquez, quien también fue secretaria de Justicia de Puerto Rico, deberá asimismo informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en los que tenga algún asunto pendiente.
«El Tribunal Supremo, como custodio de la pureza y honorabilidad de la abogacía, responde sabiamente a su deber ineludible de excluir del foro legal a quien, mediante conducta depravada, demostró no ser merecedora de la confianza pública ni del privilegio de ejercer el derecho en Puerto Rico», concluyó en su opinión el juez Ángel Colón.
La exgobernadora se declaró en agosto pasado culpable de aceptar promesas de donaciones de un extranjero para su campaña política de 2020, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales.
Vázquez, que se convirtió así en la primera exgobernante en ser convicta en Puerto Rico, aunque de un delito menos grave, estaba acusada junto al venezolano Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank, y el exagente del FBI Mark Rossini.
Antes de estos acuerdos de culpabilidad y de los posteriores indultos, los tres enfrentaban cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por los que podían haber sido condenados a un máximo de 20 años de prisión.
Según la acusación formal emitida en su momento, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez, quien a cambio destituyó al titular de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que investigaba Bancrédito International Bank.
