Washington, 25 feb (EFE News) – El Tribunal Supremo de Justicia escuchó este martes argumentos en torno a una ley que, con la intención de reprimir el contrabando humano, puede considerar criminal a cualquier persona que dé a un extranjero ayuda para venir o para quedarse en Estados Unidos.
La ley de 1986 declara que es un delito federal el «alentar o inducir a un extranjero a que venga, entre o resida en Estados Unidos … a sabiendas de que esa entrada o estancia viola la ley» de inmigración.
«El aspecto problemático es que la definición de asistencia es clara y deliberadamente muy amplia», dijo a Efe Doug Penn, un abogado de migración en Stamford, en el estado de Connecticut.
«El propósito declarado fue, en términos muy amplios, criminalizar el contrabando de personas».
«Pero ¿cómo se aplica esto, por ejemplo, a los abogados de migración?», continuó. «Por ejemplo, yo recibo a una pareja en la cual uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense y el otro no, pero les asesoro que hay una senda legal para la obtención de la residencia permanente».
Entre otros ejemplos de asistencia para que migrantes indocumentados se queden en el país, Penn mencionó la ayuda humanitaria, la educación, la enseñanza del idioma inglés, la capacitación laboral y agregó «hay allí una amenaza potencial, hay que ser cuidadoso».
¿»A quiénes se les aplicará la ley?», dijo el abogado. «Pueden ser asistentes sociales, abogados y otros profesionales que simplemente están haciendo su trabajo».
Organizaciones de abogados de migración y grupos que ayudan a los migrantes temen que el Gobierno del presidente Donald Trump, con su sostenida política antiinmigrante, procese a quienes dan esa asistencia y aun las expresiones escritas y orales de los defensores de migrantes.
El caso que ha llegado ante el Tribunal Supremo se refiere a Evelyn Sineneng Smitth, quien operaba en California un servicio de consultas para migrantes, en su mayoría filipinos empleados en hospitales y residencias para enfermos o ancianos.
Según la fiscalía, la mujer prometía a sus clientes un trámite para lograr la residencia legal mediante la certificación laboral y, aunque sabía bien que esos migrantes no calificaban para el programa, igual cobró, en algunos casos hasta $6,800 por cliente por los servicios prometidos, y en siete años acumuló millones de dólares por su asesoramiento.
En 2010 Sineneng fue juzgada y condenada por fraude entre otros cargos.
En el proceso de las apelaciones el juez federal A. Wallace Tashima, del Noveno Circuito, declaró nula la ley con el argumento de que su alcance era demasiado amplio y podría interferir con el ejercicio de la libertad de expresión, una violación de la Primera Enmienda de la Constitución.
El Gobierno de Trump apeló esa decisión lo cual envió el caso al Supremo.
«En defensa de la condena de Sineneng bajo esa ley, el argumento del gobierno es, básicamente, ‘confíen en nosotros'» escribió Sarah Sherman Stokes, del Programa de Derechos de Migrantes y Tráfico Humano en la Facultad de Leyes de la Universidad de Boston, en un comentario que publica el medio The Hill.
El Gobierno de Trump asegura que no usará la ley contra abogados, asistentes sociales y otros que den asistencia legal a los migrantes «pero esa confianza hay que ganarla», añadió Sherman.
«Y hoy en día con un racismo intensificado, xenofobia y campañas anti inmigrantes, es difícil lograr esa confianza», agregó.
