Washington, D.C. (17 de junio de 2021) EFE El Tribunal Supremo de Estados Unidos salvó este jueves la reforma de salud de 2010, conocida como «Obamacare», al fallar en contra de una coalición de 17 estados conservadores liderados por Texas que argumentaban que partes de la ley eran inconstitucionales.
Se trata de la tercera vez que la máxima instancia judicial de EE.UU. rechaza los intentos de revertir la ley estrella del expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), aprobada en el Congreso en 2010, que amplió la cobertura sanitaria a millones de estadounidenses.
Los defensores de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), su nombre oficial, habían mostrado su preocupación por su futuro dada la mayoría conservadora en el Supremo estadounidense después de las últimas nominaciones por parte del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).
Sin embargo, el voto se saldó con la mayoría más amplia registrada en los tres desafíos legales: siete votos frente a dos, y con dos de los magistrados escogidos por Trump, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, expresando su respaldo a la legislación.
En 2012, el resultado fue más apretado (5-4), y, en 2015, fue de seis a favor y tres en contra.
POPULARIDAD CRECIENTE DEL «OBAMACARE»
La derogación del «Obamacare» habría implicado que más de 20 millones de estadounidense se quedaran sin cobertura sanitaria, según el centro de estudios Urban Institute.
Aunque en su momento fue muy criticada por los republicanos, una vez en vigor muchos estados conservadores vieron cómo los ciudadanos, especialmente los de bajos recursos, dieron la bienvenida a la iniciativa ya que facilita acceder a cobertura sanitaria a unos precios más bajos que los de las aseguradoras privadas.
Asimismo, permite que los hijos hasta los 26 años puedan seguir bajo el seguro médico de sus padres, algo que previamente concluía a los 20 años.
Como consecuencia, y según la encuesta de la aseguradora Kaiser Foundation, la opinión favorable del «Obamacare» ha crecido de manera sostenida y ha pasado de contar con una visión favorable del 41 % de los estadounidenses en 2010 al 53 % a 2021.
En este contexto, hubo un silencio significativo por parte de los republicanos y no se escucharon voces críticas con la decisión del Supremo, mientras que han sido muchos los representantes demócratas que la celebraron.
El presidente estadounidense, Joe Biden, quien era vicepresidente de Obama en 2010, celebró en un comunicado el fallo como «una gran victoria» y prometió trabajar para ampliar la reforma sanitaria.
Con esta decisión judicial, remarcó Biden, la Ley de Cuidado de Salud Asequible es «más fuerte que nunca» y acerca al país «a cumplir con la obligación moral de que, aquí en EE.UU., el cuidado de salud es un derecho y no un privilegio».
En la misma línea, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, celebró la decisión del Supremo y recordó que más de un millón de estadounidenses se han acogido a la cobertura de ACA en el periodo especial de inscripción que Biden abrió a principios de este año.
TRUMP Y LOS REPUBLICANOS MÁS CONSERVADORES
La demanda sobre la que este jueves se ha pronunciado el Supremo había sido presentado por casi una veintena de estados conservadores, liderados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y apoyada por la Administración de Trump.
El asunto clave en este caso era la decisión que tomó en 2017 el Congreso, entonces controlado por los republicanos, para debilitar uno de los pilares de la reforma sanitaria: el llamado «mandato individual» que obligaba a todos los estadounidenses a contratar un seguro médico.
Entonces, el Legislativo dejó en cero la multa económica que existía para aquellos ciudadanos que no lo hicieran.
Y, en reacción, una coalición de 17 estados conservadores pidieron al Supremo que revisara de nuevo la legalidad del «Obamacare», argumentado que el cambio que había hecho el Congreso hacía que la ley fuera inconstitucional.
Sin embargo, el magistrado Stephen Breyer, quien redactó el fallo que rechaza la revisión judicial, señaló que los demandantes no habían logrado mostrar motivos «concretos» acerca de la «inconstitucionalidad» de la ley.
