El alto tribunal analizará si las leyes estatales que la vetan vulneran la libertad de expresión
Washington, EE.UU. (EFE) – El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este lunes estudiar si los gobiernos estatales y locales pueden prohibir la denominada “terapia de conversión”, una controvertida práctica que busca forzar a los menores LGBTIQ+ a cambiar su orientación sexual o identidad de género.
El caso cobra relevancia en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha emprendido una ofensiva contra los derechos de las personas transgénero, prohibiéndoles servir en las Fuerzas Armadas y competir en equipos deportivos acordes con su identidad de género.
El Supremo, de mayoría conservadora, donde tres de los nueve jueces fueron designados por Trump en su primer mandato (2017-2021), analizará el caso en el próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre.
El origen del litigio se encuentra en una demanda presentada por Kaley Chiles, una terapeuta cristiana de Colorado que argumenta que la ley estatal que prohíbe la “terapia de conversión” vulnera su libertad de expresión al impedirle hablar abiertamente con sus pacientes.
Según documentos judiciales, la terapeuta desea hablar con sus pacientes, muchos de ellos menores, sobre las ventajas de “vivir conforme al diseño de Dios, incluida su identidad biológica”.
El caso ha sido impulsado por Alliance Defending Freedom, una influyente organización legal conservadora que en los últimos años ha llevado varios casos similares ante el alto tribunal relacionados con cuestiones sociales, como los derechos de la comunidad LGTBIQ+.
Por su parte, el estado de Colorado sostiene que la normativa busca regular la conducta profesional de los terapeutas para proteger a los menores y evitar prácticas dañinas, sin afectar a la libertad de expresión.
Una docena de estados y el Distrito de Columbia cuentan con leyes similares que restringen o prohíben la “terapia de conversión” en menores.
La ley de Colorado, aprobada en 2022, define la “terapia de conversión” como cualquier intento de “cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, incluidos los esfuerzos por modificar su comportamiento, su expresión de género o por suprimir o reducir la atracción o los sentimientos románticos hacia personas del mismo sexo”.
La “terapia de conversión” ha sido ampliamente desacreditada por asociaciones médicas y considerada perjudicial para la salud mental.
Chiles inició su desafío legal en 2022 y, tras sufrir varios reveses en tribunales inferiores, incluida la Corte de Apelaciones del Décimo Distrito en Denver, ha decidido ahora recurrir al Supremo como última instancia.
El alto tribunal ya está estudiando otros casos relacionados con los derechos LGBTIQ+ y la libertad religiosa y está previsto que se pronuncie sobre estos antes de que finalice su actual periodo de sesiones en junio.
Entre ellos, destaca el caso de una ley de Tennessee que prohíbe la atención médica de afirmación de género para menores transgénero y que podría tener repercusiones para todo el país.
