Por María Montecelos
Agencia EFE
Azua (R.Dominicana) – Desde hace unos días las chimeneas de una enorme estructura de generación de energía eléctrica ubicada en aguas del Puerto Viejo de Azua, a unos metros de la costa sur de República Dominicana, han comenzado a funcionar y a expulsar humo, observado con preocupación por los habitantes de la zona.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concedió a la empresa Karadeniz Powerhip licencia para operar allí, una zona de amortiguamiento donde convergen tres áreas protegidas: el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño, el Parque Nacional Sierra Martín García y el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo.
Según un informe de la Fundación Friedrich Ebert, esa licencia obvia «los serios daños ambientales, económicos y sociales» que generará la actividad, «dando la espalda a los intereses de la gente de la zona», que vive de la pesca y la agricultura.
La concesión del permiso contraviene leyes como la Constitución, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (2012), la de Pesca y Acuicultura, el Reglamento de Evaluación Ambiental o la normativa para el manejo de las zonas de amortiguamiento de las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
LAS AMENAZAS
La estructura utiliza uno de los combustibles más contaminantes y peligrosos que existen, el Búnker 6. Una gota contaminaría unos 4.000 litros de agua, causando envenenamiento y otros trastornos, afirma la Fundación.
Aunque podría usarse gas natural, se utiliza Búnker 6 por cuestiones meramente económicas, señaló a EFE el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Euren Cuevas, que representa a las comunidades afectadas por la instalación de las barcazas, especialmente la población de Los Negros de Azua.
«El gas natural ahora mismo está por las nubes y ellos van a buscar lo más barato, no les importa la salud del pueblo, no les importa la biodiversidad, el medio ambiente. Ellos lo que quieren es ganar dinero».
La actividad del sistema genera óxidos de nitrógeno y azufre que causan problemas respiratorios y agravan los existentes, así como las enfermedades cardiovasculares. Además, el ruido y las vibraciones pueden provocar pérdida de audición, interrupción del sueño y deterioro del rendimiento cognitivo en niños.
Las barcazas descargan el agua caliente usada para enfriar las turbinas, reduciendo el crecimiento, desarrollo y reproducción de la fauna y flora acuáticas al subir la temperatura.
PEQUEÑOS PUEBLOS CONTRA LOS COLOSOS
Con estos argumentos, más de 40 instituciones y organizaciones comunitarias presentaron en enero un recurso contencioso administrativo demandando la nulidad de licencia ambiental, algo que no ha impedido la entrada en funcionamiento de la estructura.
El dirigente comunitario Juan Adalberto Beltré, de la Unión Antibarcaza, explicó a EFE que la instalación les vino impuesta «violando todo tipo de reglamento legal», sin socializarlo con los habitantes de la zona, y cuando la comunidad reaccionó «trajeron los militares y agredieron a bombazos» a la población, dejando a personas «con lesiones permanentes».
«Desde entonces, estamos en pie de lucha. Hemos agotado un proceso legal» ante el cual emplearon tácticas dilatorias, «interpusimos un recurso de amparo preventivo para que detuvieran los trabajos hasta que discutiéramos el asunto, pero en ningún momento pararon», continuaron alargando el proceso, «recusando jueces, usando argumentos baladíes».
PRIMEROS EFECTOS PERCEPTIBLES
Desde la primera noche que entraron en funcionamiento los motores, «la gente andaba tocándose los ojos» sin saber el motivo, declaró a EFE Agapito Figueroa, orgulloso de la gorra que lleva con el mensaje «No a la barcaza».
Cuevas también destacó que ya se perciben los efectos,»la gente no aguanta. En las noches me cuentan los lugareños que se despiertan sofocados» por el humo que entra en las viviendas.
Eso, funcionando solo algunos motores que tiene la estructura. «Cuando los 18 motores entren en funcionamiento ‘full’ nadie se va a salvar», ni la fauna marina ni los pescadores que viven de ella.
«Esa barcaza es una escena de crimen que tenemos que lograr, todo el pueblo dominicano, que se la lleven de ahí, esto hay que sacarlo de aquí con ley y, si no, con fuerza» porque «es una fuente de contaminación y de enfermedad permanente», espetó Cuevas.
La economía de estas gentes también parece peligrar. Julio, que lleva más de 50 años pescando en estas aguas, se mostró totalmente en contra de las barcazas.
Mientras limpiaba pescado para vender en una lonja en la playa, transformada por la presencia de las inmensas plataformas, aseguró a EFE que «hay menos pesca (…) Eso no nos conviene a nosotros, afecta a la agricultura, afecta a las zonas marinas y hasta a los niños. Ese humo le va a hacer daño a todo el mundo».
EFE solicitó al Ministerio de Medio Ambiente una declaración oficial sin que hasta el momento haya manifestado su posición al respecto.
