La CUTE advierte que los proyectos legislativos crean incertidumbre sobre empleos, convenios colectivos y funciones de los trabajadores
SAN JUAN, Puerto Rico – La Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), afiliada a la Central Puertorriqueña de Trabajadores, expresó preocupación por el alcance de los proyectos legislativos que buscan reorganizar el sistema de permisos en Puerto Rico, al advertir que las medidas no aclaran qué ocurrirá con los empleados de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y de la Junta de Planificación (JP).
La organización, que representa a trabajadores de ambas dependencias, sostuvo que la propuesta para crear una nueva Oficina Central de Permisos y una Junta de Planificación y Urbanismo abre dudas sobre las implicaciones laborales y sindicales de la reforma. También cuestionó que los empleados se enteraran del cambio a través de la prensa y no como parte de un proceso de consulta.
El secretario general interino de la CUTE, Richard Timm, señaló que el proyecto “no menciona a los trabajadores de la Oficina de Gerencia de Permisos, ni de la Junta de Planificación”, lo que, dijo, crea incertidumbre sobre el futuro de esos empleados. Añadió que la exclusión de los trabajadores del proceso de discusión “nos parece una falta de respeto y deferencia” hacia personal que, según sostuvo, lleva más de 25 años trabajando en la otorgación de permisos.
Timm argumentó además que la medida plantea interrogantes sobre los planes de clasificación y retribución ya implantados, luego de años de discusión y ajustes sujetos a evaluación de la Junta de Control Fiscal. También advirtió que preocupa cualquier intento de alterar funciones y tareas ya consignadas en esos planes, así como posibles cambios que afecten convenios colectivos vigentes.
Por su parte, el presidente del capítulo de OGPE, Ramón A. Pomales Rivera, dijo que reconoce la necesidad de transformar y simplificar el trámite de permisos y la planificación territorial, pero insistió en que el proyecto no reconoce la representación sindical, los convenios colectivos ni los derechos adquiridos de los trabajadores en OGPE y la Junta de Planificación.
Pomales Rivera sostuvo que los empleados pueden aportar a la discusión de la reforma y planteó que el análisis no debe limitarse a las preocupaciones del sector empresarial. Según dijo, cualquier revisión del sistema debió comenzar con quienes llevan años realizando esas funciones dentro de las agencias.
En la misma línea, Maryguel Fuentes Lacén, representante sindical de la Junta de Planificación, afirmó que los empleados conocen de primera mano el funcionamiento del sistema y deben ser escuchados como parte del proceso. También señaló que durante la campaña electoral se había planteado devolver poderes a la Junta de Planificación y separar tanto a esa agencia como a OGPE del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, algo que, según indicó, no se ha cumplido.
Fuentes Lacén dijo que la propuesta actual contradice lo que se había presentado inicialmente a los trabajadores y defendió que tanto OGPE como la Junta de Planificación han laborado por años en el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la planificación del país.
Los líderes sindicales indicaron que continúan evaluando los proyectos para identificar fortalezas y deficiencias, pero subrayaron que su prioridad es asegurar estabilidad en el empleo, respeto a las funciones que actualmente desempeñan los trabajadores y cumplimiento de los derechos adquiridos bajo los convenios colectivos. También adelantaron que solicitarán reuniones con el secretario de la Gobernación y con el presidente del Senado para atender sus reclamos.
