La organización exige más transparencia tras el cierre de la investigación sobre la Orden Administrativa 2025-001
SAN JUAN, Puerto Rico – La organización ambiental Sierra Club Puerto Rico expresó este lunes su inconformidad con la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, por la firma de la Orden Administrativa 2025-001.
“Lo que vemos es otra acción más en una cadena de decisiones que privilegian intereses particulares, mientras se debilita la protección del patrimonio ambiental del archipiélago”, denunció la organización en una declaración escrita.
La orden en cuestión fue firmada por Quiles el 9 de enero de 2025, el mismo día en que asumió el cargo como titular del DRNA. Según alegaciones presentadas en enero por el senador Luis Javier Hernández, la orden habría favorecido a personas vinculadas a la gobernadora Jenniffer González, lo que motivó un referido al Departamento de Justicia.
Sin embargo, la directora interina de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), Sonia Martínez, indicó que no se encontró causa suficiente para creer que Quiles incurrió en conducta delictiva.
“Tras un análisis exhaustivo de la prueba recopilada y los fundamentos legales aplicables, concluimos que no existe causa suficiente para creer que el secretario incurrió en conducta delictiva”, sostuvo Martínez en declaraciones escritas.
La investigación evaluó posibles violaciones a los artículos 254, 262, 263 y 269 del Código Penal de Puerto Rico, así como disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental y de la Ley Orgánica de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
Sierra Club lamentó que la decisión del Departamento de Justicia no haya profundizado más allá del plano técnico-legal: “La legalidad no siempre garantiza legitimidad. Y aunque hoy pretenden cerrar este capítulo en términos judiciales, queda una responsabilidad moral y política pendiente: explicar por qué se firmó esa orden, a quién realmente benefició y qué se hará para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir”.
La organización también denunció un patrón de permisividad en la ocupación de terrenos públicos y la degradación ambiental, citando el caso de La Parguera como ejemplo de “un patrón preocupante de permisividad y complicidad en la destrucción de nuestros ecosistemas costeros”.
“La lucha por La Parguera y por el ambiente de Puerto Rico continuará”, concluyó el comunicado.
Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez, informó que, conforme a la Ley Núm. 2-1988, la notificación sobre la recomendación fue enviada al Panel de la OPFEI, así como a las partes querellante y querellada.
La agencia indicó que no emitirá más comentarios hasta que la OPFEI concluya su evaluación.
