La justicia española anuló una multa por el ejercicio de 2011 y ordenó devolverle unos $70 millones
Madrid (EFE)
La cantante colombiana Skakira celebró este lunes que la justicia española reconozca que «nunca» cometió fraude fiscal con sus ingresos de 2011 y lamentó el «señalamiento público» sufrido y que fuera tratada «como culpable» hasta ahora.
«La propia administración (española) nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto», manifestó en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal, del despacho Prada Tax Advisor.
La Audiencia Nacional ha dado la razón a la artista al anularle una multa por la tributación del ejercicio fiscal de 2011 e insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros ($70 millones), según una sentencia conocida este lunes, que la Agencia Tributaria tiene previsto recurrir en el Tribunal Supremo.
La administración española no ha acreditado que permaneciera en 2011 en el país más de 183 días para acreditar que fuera residente a efectos fiscales, como exige la ley a la hora de tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este caso era la última cuenta que tenía pendiente con el fisco español después de ocho años de disputa, y Shakira desea que la sentencia «siente un precedente para Hacienda», según un comunicado remitido por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que la representa.
Su abogado, José Luis Prada, criticó duramente el modo de proceder de Hacienda, que «asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse».
Y celebró que la justicia funcione «de verdad» frente a «posiciones administrativas inaceptables».
En este caso, el relativo a 2011, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio al alegar que vivía fuera del país cuando, según Hacienda, sí era residente fiscal en España y, por tanto, estaba obligada.
Más concretamente, la justicia entiende que la estancia de la artista en España fue 163 días, no de más de 183 como exige la ley, y asegura que la administración no ha probado que tuviera el núcleo de sus intereses económicos en España o relaciones familiares con residentes en el país.
