Organizaciones solicitan al Negociado de Energía rechazar la propuesta por afectar a hogares de bajos ingresos y clientes solares
SAN JUAN, Puerto Rico — La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico y Solar United Neighbors radicaron una moción ante el Negociado de Energía de Puerto Rico en oposición a la solicitud de LUMA Energy para aumentar el cargo fijo residencial de aproximadamente $4 mensuales a sobre $40 mensuales.
La propuesta surge en el contexto de la reestructuración del diseño tarifario dentro del caso de revisión tarifaria ante el Negociado.
Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA, sostuvo que la solicitud impondría mayores cargos fijos mensuales a todos los clientes, lo que tendría un impacto desproporcionado en hogares de bajos ingresos, consumidores de bajo consumo eléctrico y clientes solares.
“El Negociado debe rechazar de inmediato esta petición de aumento, en cumplimiento con su mandato de asegurar tarifas justas y razonables, y de proteger al consumidor de aumentos injustificados”, expresó Rúa Jovet. Añadió que la solicitud socava el principio de transición gradual y predecible que debe regir el diseño tarifario.
Según las organizaciones, los cargos fijos elevados afectarían particularmente a personas que viven solas, residentes en viviendas pequeñas o energéticamente eficientes y clientes que han instalado paneles solares. Argumentaron que, en lugar de ser penalizados, estos consumidores deberían ser incentivados por contribuir a las metas de eficiencia energética y transición a fuentes renovables.
Entre los planteamientos incluidos en la moción, SESA y SUN alegan que el aumento propuesto viola el principio de gradualismo promovido por el propio Negociado, que exige revisiones tarifarias escalonadas para evitar aumentos súbitos en la factura eléctrica. También sostienen que cargos fijos elevados obligarían a clientes de bajo consumo a subsidiar a usuarios de mayor consumo y castigarían a quienes han invertido en eficiencia energética.
Asimismo, señalaron que la propuesta violaría la Sección 4(c) de la Ley Núm. 114-2007 al constituir, a su juicio, cargos indirectos ilegales sobre la generación renovable de los prosumidores y desincentivar la adopción de sistemas solares con medición neta.
Por su parte, David Ortiz, director senior del programa de SUN en Puerto Rico, afirmó que un aumento de esta magnitud “castiga injustamente a las familias de bajos ingresos, a los consumidores que usan menos electricidad y a quienes han invertido en energía solar”, y que la medida va en contra de la equidad tarifaria y desalienta soluciones que fortalecen la resiliencia energética.
Ambas organizaciones indicaron estar dispuestas a presentar alternativas, entre ellas mantener el cargo fijo actual y explorar mecanismos que garanticen estabilidad de ingresos, como la adopción de tarifas por bloques crecientes o escalonadas. Además, exhortaron al Negociado a iniciar un proceso formal para evaluar este modelo tarifario.
