La Asociación solicita la aprobación inmediata de la RCC 193 para proteger a más de 80,000 hogares en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) reclamó este miércoles al Senado la aprobación inmediata de la Resolución Concurrente de la Cámara 193 (RCC 193), con el fin de detener el cobro de un cargo de $300 que LUMA Energy intenta imponer a unos 96,000 clientes con sistemas de energía solar bajo medición neta.
La medida legislativa, ya aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes en octubre, ordena la eliminación del cargo por un supuesto “estudio suplementario de interconexión”, calificado por SESA como un impuesto ilegal que representa hasta 30 millones de dólares en costos injustificados para las familias que han invertido en energía solar.
La resolución también otorga una amnistía total a quienes ya tienen sistemas instalados y establece que cualquier posible cobro futuro deberá ser evaluado en un proceso transparente, supervisado por un facilitador profesional designado por el Negociado de Energía.
“Este cargo es injusto, ilegal y contrario a la política pública energética del país. No se puede penalizar a las familias que invirtieron en energía solar para protegerse de los apagones y las alzas en la tarifa eléctrica”, afirmó Javier Rúa Jovet, director de política pública de SESA.
El cargo de $300 proviene de un reglamento de 2017 que, según SESA, contradice la Ley 17-2019 de Política Pública Energética. A pesar de esto, LUMA continúa aplicando el cobro, e incluso busca recuperar otros 11 millones de dólares a través del proceso de revisión tarifaria actualmente en curso ante el Negociado de Energía, lo que podría traducirse en un aumento general en la factura de energía para todos los consumidores.
Durante el SESA Summit celebrado en San Juan el pasado 28 de octubre, la gobernadora Jenniffer González Colón también expresó su rechazo categórico a este cargo. “Me opongo categóricamente al intento injusto e injustificado de LUMA de imponer un cargo de $300 por estudios de interconexión a los clientes de medición neta”, declaró.
La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), adscrita a la Junta Reglamentadora de Servicio Público, presentó recientemente una querella solicitando al Negociado de Energía que emita una orden de cese y desista contra el cobro. Hasta el momento, no se ha emitido ninguna decisión, lo que aumenta la presión sobre el Senado para actuar.
“Cada día que pasa sin aprobar esta medida, más familias enfrentan incertidumbre”, añadió Rúa Jovet. “Mi esperanza es que el Senado, como bien lo ha hecho en el pasado, se mueva rápidamente para proteger nuevamente a los consumidores y reafirmar la política pública de energía renovable que Puerto Rico necesita”.
