La Asociación de Energía Solar afirma que la medida es legal, no interfiere con PROMESA y beneficiaría directamente a los consumidores
SAN JUAN, Puerto Rico – La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) reiteró este miércoles su disposición para reunirse con la gobernadora Jenniffer González Colón con el fin de aclarar dudas técnicas y reglamentarias sobre la Resolución Concurrente de la Cámara 193 (RCC 193), la cual busca eliminar un cobro de $300 considerado ilegal a clientes con sistemas solares.
Según expresó Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA, el objetivo es ofrecer a la mandataria toda la información necesaria para que pueda evaluar con claridad la medida, que actualmente está bajo su consideración.
“Sabemos que la Honorable Gobernadora se encuentra evaluando la medida con detenimiento y que ha planteado algunas interrogantes sobre asuntos reglamentarios y técnicos de la RCC 193. Hemos estado y estamos en toda la disposición de reunirnos con ella para dialogar detalladamente sobre estos aspectos”, indicó Rúa Jovet en declaraciones escritas.
El portavoz de SESA explicó que las preocupaciones levantadas han sido debidamente atendidas dentro del lenguaje de la RCC 193. En particular, aclaró que la resolución no prohíbe los estudios de carga ni de interconexión. “De hecho, otorga al Negociado de Energía de Puerto Rico la autoridad total para determinar qué estudios son necesarios y qué cargos se pueden imponer prospectivamente, de forma moderna y legalmente válida”, sostuvo.
Otro punto que aclaró SESA es que la RCC 193 no guarda relación con la ley federal PROMESA, ni con el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni con el Plan Fiscal. “Esta resolución atiende exclusivamente un cargo reglamentario que actualmente entra en conflicto con una ley local, sin interferir con el marco fiscal federal”, aseguró Rúa Jovet.
SESA insistió en que la firma de la RCC 193 permitiría dejar atrás evaluaciones fragmentadas de pequeños sistemas solares, y promovería una planificación más coherente de la capacidad de la red eléctrica.
“Esta medida exige, por primera vez, una planificación y presupuestación proactiva para un sistema eléctrico adecuado para Puerto Rico, con visión integral y de futuro. Además, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder e instalar energía solar”, agregó el portavoz.
“La firma de la RCC 193 representaría una acción concreta para proteger a los consumidores y garantizar prácticas regulatorias modernas, razonables y alineadas con la política pública energética del país”, concluyó.
