Por Miguel Díaz Román
En momentos en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) amenaza con anular tres leyes que abren dos ventanas de retiro para empleados públicos y un mecanismo que facilita la jubilación de maestros, el senador Carlos Rodríguez Mateo, promotor de las dos ventanas de retiro, se reunirá con el organismo federal el próximo martes 15 de septiembre en un esfuerzo de última hora para aliviar la incertidumbre entre miles de empleados públicos que esperaban la aprobación de las leyes para acceder a la jubilación.
Pero desde que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, le advirtió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que no inicie el proceso de certificar la jubilación de empleados públicos hasta que el organismo federal no evalúe el impacto fiscal de las tres leyes, las páginas de Rodríguez Mateo en las redes sociales se han visto abarrotadas por mensajes cargados de enojo e incertidumbre de empleados públicos que ansiaban acogerse al retiro tras la aprobación de las leyes.
“En un esfuerzo por compartir información valiosa para la evaluación que tiene que hacer la JSF, he solicitado una reunión y la misma se llevará a cabo el martes de 15 de septiembre. Estaremos compartiendo toda la información y las ponencias de las agencias y de los empleados públicos que tuvimos en el senado en la evaluación de ambas medidas”, sostuvo el senador Rodríguez Mateo en un video que colgó en su página de Facebook recientemente.
Las medidas a las que se refiere el senador son el llamado proyecto 1623, conocido como proyecto para el retiro digno, que fue radicado por el senador Gregorio Matías y que se convirtió en la Ley 81.
La segunda medida es el proyecto 1616, antes resolución 1287, conocido como proyecto para la ventana del retiro de los empleados públicos, que se convirtió en la Ley 80. Aunque esta medida la presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista, sus principales promoventes lo fueron Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla.
La tercera medida cuya puesta en vigor objeta la JSF es la Ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
Las tres medidas fueron convertidas en ley por la gobernadora Wanda Vázquez Garced a principios del pasado mes de agosto, cuando solo faltaban días para la celebración de las primarias.
“Yo creo que no podemos seguir abonando a la incertidumbre de nuestros servidores públicos. Cuando aprobamos la Ley 80 hubo un respiro, un alivio en nuestros empleados públicos. Y creo que no podemos crear un ambiente de ansiedad, desasociego e incertidumbre entre los empleados públicos”, dijo el senador en el video, en alusión a los cuestionamientos que han envíado decenas de empleados públicos a su página de Facebook.
Mensajes similares se reflejan en la página de Facebook del senador Gregorio Matías, quien no ha respondido a las llamadas de EsNoticia.
Incluso, el senador Matías ha sido cuestionado públicamente por el presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Carlos Morales Rodríguez, quien sostuvo que la JSF le informó que ni la Legislatura ni la Fortaleza han identificado los fondos recurrentes para garantizar los pagos mensuales de las pensiones vitalicias que ofrecen las ventanas de retiro aprobadas.
El presidente de COPS dijo que la información la ofreció personalmente la señora Jaresko, durante una reunión virtual que a través de la plataforma “zoom”, sostuvieron dos semanas atrás los representantes de las organizaciones que representan a los policías.
Además de COPS, en la reunión virtual participaron portavoces del Frente Unido de Policías, del Sindicato de Policías Unidos y del Concilio Nacional de Policías.
Morales Rodríguez indicó que en la reunión Jaresko les informó que no hay dinero asignado para las ventanas del retiro firmadas por Vázquez Garced y les advirtió que el fondo general necesitaba una fuente de ingresos recurrentes que sustituyera el monto de dinero que se invertirá en el pago de las pensiones de los empleados públicos que se acogerían a las ventanas de retiro aprobadas.
Las medidas proponen que los empleados públicos que se acojan al retiro recibían una pensión que oscila entre el 50% y el 55% del salario que reciben actualmente. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico.
En una misiva enviada el pasado 4 de septiembre a la gobernadora Jaresko sostuvo que el gobierno ha incumplido con el requisito de enviar información financiera para que la JSF pueda determinar el efecto fiscal de las tres leyes.
“Tal demora es especialmente irresponsable aquí porque las leyes afectan la carreras y vidas de miles de empleados públicos y tienen un impacto multimillonario en el finanzas y presupuesto del gobierno. En pocas palabras, la Legislatura no debe aprobar, y la gobernador no debería convertir en ley ninguna legislación sin antes comprender su consecuencias y concluir que no es incompatible con el plan fiscal.La práctica de adoptar legislación sin medir su costo fiscal probablemente contribuyó a la crisis financiera que enfrentó Puerto Rico en 2016, que resultó en la adopción de Promesa”, sostuvo la funcionaria federal en la carta.
Jaresko también señaló que la gobernadora solicitó prórrogas de siete días para presentar la documentación necesaria para certificar las tres leyes y condicionó la aprobación de la prórroga hasta mañana 11 de septiembre, a que la gobernadora declare que no pondrá en vigor las ventanas de retiro.
Hasta el día de hoy ni Vázquez Garced ni otros funcionarios de jerarquía en su administración han realizado el mensaje solicitado por la JSF.
