La investigación indaga posibles actos de corrupción y conflicto de interés que beneficiarían a familiares de la gobernadora
SAN JUAN, Puerto Rico – El senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), compareció el miércoles 2 de julio ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico como parte de la investigación sobre una controvertida orden administrativa emitida por el actual secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez.
La orden, firmada apenas dos horas después de la designación de Quiles Pérez y antes de su confirmación senatorial, archivó automáticamente investigaciones pendientes sobre construcciones ilegales en La Parguera, Lajas, incluyendo casos vinculados a los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Hernández Ortiz fue quien presentó la querella que originó la pesquisa, alegando que la orden es ilegal, que se firmó bajo posibles presiones indebidas y que la gobernadora debió inhibirse del proceso por conflicto de interés. Según explicó, el DRNA se negó a entregar información solicitada durante la investigación legislativa, como correos electrónicos y memorandos internos.
“La orden administrativa tiene dos elementos: uno legal, porque secretarios anteriores y la propia división legal del DRNA habían advertido que no se debía firmar, y otro ético, pues la gobernadora tiene familiares con intereses directos en esos terrenos”, indicó tras su declaración.
Hernández Ortiz afirmó además que en el proceso de confirmación de Quiles Pérez recibió información falsa bajo juramento. “Yo en mi plano sí, para mí me mintió y yo lo planteé públicamente. Ahora falta que el Departamento de Justicia investigue”, expresó.
La fiscal a cargo del caso ha confirmado que los delitos bajo evaluación incluyen posibles violaciones a la función pública, corrupción y perjurio. La investigación se encuentra en su fase final, con entrevistas a testigos clave y revisión de documentos internos. Hasta el momento, el secretario Quiles Pérez no ha sido citado a declarar, aunque se anticipa que podría ser llamado antes de que se determine si procede un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).
El senador sostuvo que espera que se aclaren las circunstancias que rodearon la firma de la orden administrativa y se establezcan responsabilidades. “Todo funcionario que haya participado en la confección o autorización de esta orden debe ser objeto de investigación”, concluyó.
