La contralora de Puerto Rico avaló la medida, mientras alcaldes expresaron reservas sobre autonomía y manejo de emergencias
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 302, que propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) con el fin de reformar los procesos de contratación relacionados con el manejo de desperdicios sólidos a nivel municipal, incorporando el mecanismo de subasta pública.
La comisión es presidida por el senador José A. “Josian” Santiago Rivera, quien explicó que el análisis del proyecto se ha centrado en identificar cuál debe ser el modelo adecuado para estos contratos, ya sea limitar su otorgación exclusivamente a subasta pública, permitirlos mediante solicitudes de propuestas o adoptar un modelo híbrido que atienda las particularidades de cada municipio. La medida es de la autoría de la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve.
El proyecto establece como norma general la obligatoriedad de la subasta pública para la otorgación de contratos dirigidos al establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos, la prestación de estos servicios esenciales y el arrendamiento de propiedad municipal vinculada a dichas operaciones. Según la exposición de motivos, la propuesta surge ante preocupaciones por el uso recurrente de la contratación directa sin subasta, un mecanismo concebido originalmente para atender emergencias, pero que ha generado señalamientos de discrecionalidad y falta de controles adecuados.
Durante la audiencia compareció la contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, quien expresó su apoyo a la pieza legislativa. La funcionaria indicó que las enmiendas propuestas refuerzan la política pública de transparencia y sana administración de los recursos públicos, promueven la libre competencia y reducen el riesgo de corrupción y favoritismo en la adjudicación de contratos municipales. Añadió que la excepción para contratos de emergencia está delimitada, al requerir una orden ejecutiva y limitar su duración a 90 días, con posibilidad de extensión justificada.
Vega Fournier también presentó recomendaciones, entre ellas la necesidad de ofrecer capacitación a los municipios sobre los nuevos requisitos de subasta y publicación de contratos, fortalecer la auditoría preventiva, garantizar el acceso a la información y velar por el cumplimiento de los límites de vigencia y extensión de los contratos.
El senador Santiago aclaró que, aunque la Oficina del Contralor no promulga política pública, sí avala la medida, a lo que la contralora respondió que su oficina emite recomendaciones cuando los proyectos están dirigidos a fortalecer la transparencia y la administración pública.
En la vista también participó el licenciado Andrés Ríos Ramírez, en representación de la Administración de Servicios Generales, quien favoreció la medida con recomendaciones. Señaló que someter a procesos competitivos un componente que representa una parte significativa de los presupuestos municipales suele generar resultados más económicos. No obstante, reconoció que pueden surgir dificultades, como la falta de proponentes, por lo que destacó la importancia de la publicidad de los procesos y de considerar enfoques regionales.
Por otro lado, Jaime García, en representación de la Asociación de Alcaldes, indicó que la entidad no favorece el proyecto tal como está redactado. Señaló que, aunque reconocen la importancia de combatir la corrupción y promover la transparencia, algunas de las enmiendas propuestas afectan la autonomía municipal y limitan la capacidad de los municipios para administrar eficientemente servicios esenciales.
García también cuestionó los requisitos de publicación de contratos en situaciones de emergencia, al señalar que, en escenarios como el huracán María, muchos municipios no contaban con acceso a internet, lo que dificultaría cumplir con los plazos establecidos. Asimismo, reiteró que la Asociación de Alcaldes favorece que la medida sea enmendada para permitir un modelo híbrido de subasta pública o solicitud de propuestas.
La discusión durante la vista pública se centró en evaluar los alcances del proyecto y en identificar posibles enmiendas antes de continuar el trámite legislativo.
