La medida busca evaluar la efectividad de la Ley 22-2021 y garantizar que se respeten los derechos de las personas sordas en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – El Senado de Puerto Rico aprobó por unanimidad la Resolución del Senado 172, presentada por el senador Héctor “Gaby” González, que ordena una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley Núm. 22-2021.
Esta ley creó la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a los servicios gubernamentales para las personas sordas.
A pesar de que la legislación fue aprobada hace más de tres años, aún persisten serias dudas sobre su ejecución. La resolución mandata a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado a examinar si la oficina funciona conforme a la ley, si ha recibido los fondos necesarios, cómo los ha utilizado, y si ha logrado cumplir con los objetivos establecidos.
«El acceso equitativo a los servicios gubernamentales es un derecho fundamental para todos, y es inaceptable que nuestra comunidad sorda siga enfrentando obstáculos tan básicos para ejercerlo», afirmó el senador González. Subrayó que la investigación también pretende detectar deficiencias operacionales y proponer soluciones legislativas que aseguren una implementación efectiva.
La Ley 22-2021 establece que la oficina debe estar adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) y encargarse de promover la concienciación sobre los derechos de las personas sordas, además de facilitar la comunicación entre esta comunidad y las agencias gubernamentales.
Según la exposición de motivos de la medida, la comunidad sorda aún enfrenta múltiples barreras para acceder a servicios esenciales, incluyendo la escasez de intérpretes de lenguaje de señas, la falta de capacitación del personal gubernamental y el desconocimiento general sobre los derechos de las personas sordas.
El informe que resulte de esta investigación será clave para garantizar el cumplimiento de la Ley 22-2021 y asegurar que la Oficina Enlace cumpla su misión de servir como puente efectivo entre el gobierno y la comunidad sorda.
