San Juan, 22 de septiembre de 2021 (EFE) – La Comisión de Desarrollo de la Región del Norte, presidida por el senador Rubén Soto Rivera, celebró ayer una vista pública para investigar el crimen ambiental que ocurrió en septiembre de 2020 en el balneario de Cerro Gordo en Vega Alta donde fueron podados 1,192 árboles y palmeras.
“Estamos aquí para investigar uno de los crímenes ambientales más brutales que ha ocurrido en el país. Según un arbolista consultado por el municipio de Vega Alta, no todos los árboles debían ser cortados. Es imperativo tener las respuestas de cómo esta tala de árboles afectó a nuestro ecosistema. Buscamos conocer cómo actuaron el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y si esta tragedia ambiental se pudo evitar”, explicó el también senador por el Distrito de Arecibo.
A la vista fueron citados a deponer el secretario del DRD, Ray Quiñones Vázquez y el secretario del DRNA, Rafael Machargo, ambos se excusaron y sus ponencias fueron leídas por sus representantes.
El representante del DRD, Antonio Cabrero, director Oficina de Asesoramiento Legal justificó la poda de 1,192 por cumplir con los requerimientos de FEMA para deforestar cualquier árbol, rama o arbusto lastimado o dañado por el paso de los huracanes.
“Fue justificada (la tala de árboles). Tenemos todos los datos. Fue justificada siguiendo todos los procedimientos de emergencia de FEMA para la tala y poda y eliminación de riesgos existentes por los pasos de los huracanes Irma y María”, puntualizó.
El presidente de la Comisión entró en un careo con Cabrero al no brindar información específica sobre la tala de árboles que debió ser presentada en la vista pública.
“El secretario del DRD envía gente que no conoce. Que defiende lo indefendible. Vinieron a esta vista sin estar preparados y sin traer información tan importante como lo es el listado específico de cada árbol que allí se cortó. Necesitamos evidencia para determinar qué ocurrió en este crimen ambiental”, puntualizó.
A preguntas de Soto Rivera sobre quien supervisaba la tala y poda de árboles en el balneario, Cabrero precisó que era Debris Tech, compañía de monitoreo contratada por el DRD para documentar y hacer constatar que los trabajos se llevarán a cabo según los estándares requeridos por FEMA y el DRNA.
El DRD inició los procedimientos de emergencia establecidos por FEMA para obtener fondos federales por los daños ocurridos en instalaciones del DRD y la Compañía de Parques Nacionales, que estaba adscrita al DRD en aquel momento.
Aunque la Compañía de Parques Nacionales fue posteriormente transferida al DRNA, el DRD continuó los trabajos de emergencia en los Parques Nacionales por lo que la orden y la responsabilidad de la poda de árboles recae en esta agencia.
Por su parte, Gerardo Hernández, Secretario Auxiliar Programa Parques Nacionales, en representación del secretario del DRNA también justificó la poda de árboles el balneario de Cerro Gordo por entender que habían muchos árboles enfermos en el área.
Hernández explicó que el DRNA no tenía que aprobar la tala de árboles, pues por tratarse de un evento de emergencia se eximió al DRD de presentar los permisos para realizarla y que hay un acuerdo interagencial para que DRD haga este tipo de trabajos.
“En los acuerdos interagenciales se estipuló que el DRNA autorizaba al DRD a realizar los trabajos de recogido y limpieza de escombros provocados por el paso de los huracanes Irma y María en el Balneario Cerro Gordo y otras 300 instalaciones del DRD, y el Programa de Parque Nacionales”, lee la ponencia sometida a la Comisión.
A preguntas del senador Soto Rivera, a los representantes del DRNA sobre sí recomiendan otro acuerdo interagencial en el que el DRNA no requerirá la preparación o presentación de una solicitud de permiso para corte, poda, trasplante y siembra de árboles, el licenciado Samuel Acosta señaló que a él no le gustan las dispensas porque “sería como una especie de dispensa sin condiciones. Me gusta más el proceso de permisos”.
La Comisión hará vistas de continuidad para verificar la información solicitada al DRD, ya que no la tenían disponible al momento. Al DRD se le requirió entregar el listado completo de los árboles talados, entre otros documentos.
