La ACT dijo que dejó de recibir el arbitrio en 2015 y que una reducción impactaría al Fondo General
EL CAPITOLIO, Puerto Rico
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado continuó su investigación sobre el arbitrio al petróleo conocido como la “crudita”, con la comparecencia del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
La vista, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, forma parte de la Resolución del Senado 461, del senador Wilmer Reyes Berríos. La pesquisa busca determinar el destino de los recaudos y medir el efecto del arbitrio sobre los consumidores.
Ronald Hernández, director de proyectos estadísticos del Instituto, informó que la categoría de petróleo crudo y derivados —que agrupa los componentes de la “crudita”— recaudó aproximadamente $371 millones en el año fiscal 2026.
El Instituto presentó un escenario que compara un precio observado de $4.07 por galón con uno hipotético de $3.70 sin el arbitrio, una diferencia de 36.9 centavos. Advirtió, sin embargo, que el cálculo supone que el importe completo se trasladaría al consumidor y no garantiza que ese ahorro ocurra en la práctica.
Su director ejecutivo, Orville Disdier, recomendó distinguir el efecto del arbitrio de otros componentes del precio, como el costo internacional del petróleo, la refinación, el transporte y los márgenes de distribución. También propuso integrar datos históricos de recaudos, importaciones y ventas, y crear un tablero público de indicadores.
Impacto recaería sobre el Fondo General
En representación de la ACT, Enrique Rosa Torres explicó que la agencia dejó de recibir directamente los recaudos en noviembre de 2015 y que estos pasaron al Fondo General. Añadió que la deuda reestructurada de la ACT fue saldada tras la alianza público-privada formalizada en diciembre de 2023.
Según su testimonio, una reducción o eliminación de la “crudita” no disminuiría automáticamente el presupuesto de la ACT, sino que afectaría al Fondo General. La autoridad recibe actualmente transferencias promedio de $142 millones anuales para operaciones y $56 millones para construcción.
Torres advirtió que esas transferencias dependen del Plan Fiscal certificado y de revisiones periódicas, lo que dificulta planificar obras de infraestructura cuyos procesos de diseño, subasta y construcción abarcan varios años fiscales.
