Luis González Ortiz compareció por orden judicial, negó haber invocado su parentesco con Jenniffer González y admitió que no tiene pericia técnica ni autoridad para otorgar permisos
SAN JUAN, Puerto Rico – El oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Luis González Ortiz, compareció este jueves ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado luego de que un tribunal ordenara su asistencia bajo apercibimiento de desacato civil, en medio de la investigación legislativa sobre la renovación del permiso del vertedero de Carolina.
Durante la vista pública, la vicepresidenta del Senado y presidenta de la comisión, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, denunció que González Ortiz trató de manera intimidante a personal de la comisión cuando se coordinaba su comparecencia y sostuvo que hizo referencia a su parentesco con la gobernadora Jenniffer González Colón. El funcionario negó ese señalamiento en la audiencia.
“Usted llamaba y decía que tenía un parentesco y que esa era una razón por la que teníamos que tomarlo en consideración”, dijo Jiménez Santoni. González Ortiz lo rechazó. Más adelante, la senadora sostuvo que el funcionario le dijo a una empleada si sabía con quién hablaba y cuestionó si ese trato respondía a su parentesco con la mandataria o a que estaba molesto.
El senador Héctor Joaquín Sánchez también hizo referencia al incidente y señaló que González Ortiz se había creído “intocable” y que con su conducta representó “de muy mala forma” a la gobernadora. El oficial examinador respondió: “Yo le puedo decir por la vida de mi hijo que yo no hice eso”.
La comparecencia se produjo después de varias citaciones previas incumplidas, lo que llevó al Senado a acudir al tribunal para obligarlo a asistir. Según Jiménez Santoni, la comisión entendía que González Ortiz era la persona llamada a responder sobre el proceso de vistas, la evaluación realizada y el informe favorable emitido para la renovación del permiso del vertedero.
La investigación legislativa atiende señalamientos sobre deficiencias en el manejo de lixiviados y otras irregularidades previamente identificadas por el propio DRNA, lo que, según la comisión, ha levantado dudas sobre el proceso seguido y la evaluación técnica realizada en este caso.
En su testimonio, González Ortiz describió su rol como uno estrictamente procesal dentro de las vistas investigativas del DRNA. Indicó que presidió la vista pública, recopiló las ponencias, preparó el informe correspondiente y verificó el cumplimiento documental inicial del proponente. También sostuvo que no le correspondía realizar evaluaciones técnicas sustantivas del proyecto ni inspecciones oculares, y que esas funciones recaen en personal especializado del Programa de Contaminación de Terrenos. Añadió que la determinación final sobre la concesión del permiso corresponde al secretario del DRNA.
El funcionario sostuvo además que, dentro de ese proceso, tenía que aceptar la recomendación del comité técnico del DRNA y que no podía apartarse de ella. Sin embargo, durante el intercambio con los senadores admitió que la reglamentación no le impide cuestionar la información presentada por los técnicos, aunque esa no es su interpretación.
La senadora María de Lourdes Santiago cuestionó la utilidad del proceso investigativo si la función del oficial examinador se limitaba a recopilar ponencias y remitirlas. Según lo discutido en la vista, también planteó que en el curso del procedimiento el funcionario adjudicó credibilidad al municipio y se la negó a los opositores.
A preguntas del senador Ángel Toledo, González Ortiz admitió que no tiene la “pericia técnica” sobre recursos naturales.
El senador independiente Eliezer Molina lo confrontó sobre si se sentía cómodo evaluando un proceso sin esa capacidad técnica, a lo que el funcionario respondió: “Yo hago lo que me asignan”.
Durante la audiencia, los legisladores cuestionaron que el permiso se otorgara sin tomar en consideración alegaciones sobre contaminación hacia sumideros, cuevas y acuíferos en la zona de amortiguamiento, así como la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental.
En la discusión también se señaló que el área forma parte de la zona kárstica y del Área del Plan Especial del Bosque de Piñones, donde se ha documentado la existencia de acuíferos, sumideros, mogotes, cuevas, petroglifos, humedales y especies en peligro de extinción como el coquí llanero.
Jiménez Santoni anticipó que la comisión volverá a citar al DRNA, a González Ortiz, al subsecretario Nelson Cruz, identificado como el funcionario que otorgó el permiso, y a oficiales técnicos para aclarar las dudas que permanecen sobre el proceso de autorización del vertedero.
