La medida, que ahora pasa a la Cámara, es rechazada por la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género por temor a que se comprometa la calidad de los servicios
San Juan, Puerto Rico – El Senado de Puerto Rico aprobó en sesión ordinaria el Proyecto del Senado 430, una medida que propone enmendar la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009) para permitir el desarrollo de edificaciones mediante APP cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de violencia doméstica.
La propuesta fue presentada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, junto a la delegación novoprogresista, y ahora pasará a consideración de la Cámara de Representantes.
Según la exposición de motivos, la intención del proyecto es añadir una herramienta adicional en la lucha contra la violencia de género, facilitando la construcción y operación de infraestructura mediante alianzas público-privadas. El Comité de Alianza propuesto estaría compuesto por el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y alcaldes de municipios donde se desarrollen estos proyectos. El proyecto cuenta con el respaldo de varias agencias gubernamentales, incluyendo la OPM y Justicia.
Sin embargo, la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género ha levantado múltiples preocupaciones sobre la medida. En una carta enviada a legisladores, la presidenta de la Red, Coraly León, expresó que, aunque reconocen la buena intención de la propuesta, incluir los albergues bajo el modelo de APP podría poner en riesgo la eficacia de un sistema que lleva más de 40 años operando con sensibilidad y peritaje especializado.
Entre las preocupaciones principales, la Red señaló que las APP fueron concebidas para infraestructura como carreteras o aeropuertos, no para servicios sociales especializados. Enfatizaron que los servicios para sobrevivientes requieren atención psicosocial, confidencialidad y acompañamiento continuo, aspectos que no se pueden manejar con la lógica de contratos de infraestructura.
También advirtieron que el proyecto parte de una “suposición errónea” sobre la capacidad administrativa del tercer sector, cuando las organizaciones de la Red han demostrado resiliencia operando incluso durante desastres naturales y crisis sanitarias. Lo que realmente afecta la sostenibilidad de los albergues, indicaron, son los fondos gubernamentales inestables, los pagos por reembolso tardíos y la falta de una política pública coherente.
Otra crítica importante es que la Red no ha sido incluida en el proceso de consulta ni en el comité que evaluaría las APP. A su juicio, esto resta legitimidad al proyecto y contradice el principio de colaboración multisectorial. También cuestionaron la falta de transparencia sobre la fuente de financiamiento del proyecto, si será aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, y los criterios de peritaje requeridos para operar los albergues bajo el modelo propuesto.
La Red propuso a la Legislatura excluir los albergues especializados de la Ley 29-2009 y, en cambio, considerar el uso de APP para desarrollar vivienda asequible para sobrevivientes. Reiteraron su disposición a dialogar y participarán en la vista pública convocada en la Cámara para el próximo lunes, aunque no tienen un turno asignado para deponer.
La Red Nacional de Albergues agrupa a organizaciones como Hogar Ruth, Casa Protegida Julia de Burgos, Casa de Todos, Casa de la Bondad, Hogar Nueva Mujer, Hogar La Piedad y CAPROMUNI.
