La medida eleva multas de hasta $10,000 y establece reglamento para el manejo de equinos realengos en municipios con alta incidencia
San Juan, Puerto Rico – El Senado de Puerto Rico aprobó este jueves una batería de proyectos impulsados por la mayoría parlamentaria y la administración de la gobernadora Jenniffer González, destacándose entre ellos el Proyecto del Senado 100, una medida clave en materia de bienestar animal que refuerza la protección legal contra el abandono de animales.
Presentado por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, el Proyecto 100 enmienda la Ley 154-2008 para aumentar sustancialmente las multas por abandono animal, fijándolas entre $5,000 y $10,000. Asimismo, ordena la creación de un reglamento para el manejo de equinos realengos sin custodia, una problemática creciente en municipios como Vieques, Ponce, Vega Baja y Juncos. El Negociado de la Policía será responsable de implementar dicho reglamento, además de ofrecer talleres de adiestramiento para su cumplimiento. Como parte de la iniciativa, también se creará un Registro de Ofensores de la Ley 154.
La medida responde a una preocupación ciudadana que ha cobrado fuerza en los últimos años ante el aumento en el número de animales abandonados y la necesidad de mecanismos más efectivos de intervención. Con esta legislación, el Senado busca disuadir el maltrato y fomentar una cultura de responsabilidad hacia los animales.
Durante la sesión ordinaria también se aprobaron otras propuestas legislativas del senador Ríos Santiago, como el Proyecto del Senado 103 que establece el Plan de Alerta AZUL para localizar sospechosos que agredan a policías o rescatar oficiales desaparecidos, y el Proyecto 109, que ordena el uso obligatorio de torniquetes por parte de la Policía de Puerto Rico.
Por otro lado, el Senado avaló proyectos presentados por petición y de diversos legisladores que abarcan desde alianzas educativas y derechos de personas con impedimentos hasta nuevas protecciones para víctimas de violencia doméstica y regulaciones sobre productos de tabaco. Entre ellos destacan el Proyecto 196, que formaliza colaboraciones entre la UPR y escuelas públicas; el Proyecto 178, que requiere adiestramientos sobre derechos de personas con impedimentos; y el Proyecto 241, que impone sanciones más severas por la venta de productos de tabaco a menores de 21 años.
