La medida pretende regular el consentimiento de los progenitores en casos de aborto y proteger a las menores víctimas de abuso sexual
San Juan, Puerto Rico – En una sesión ordinaria celebrada ayer, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 297, que establece un protocolo para el manejo de casos de abortos en menores de 15 años o menos. La medida fue presentada por la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien explicó que el proyecto busca regular la situación de las menores de edad que soliciten un aborto, especialmente en casos de sospecha de agresión sexual o incesto.
“El proyecto establece una normativa muy clara para casos donde se sospeche de agresión sexual en menores de 15 años. Se requiere el consentimiento de al menos uno de los padres o tutor legal, excepto en los casos de incesto, donde no se exigirá este consentimiento. Sin embargo, las clínicas de aborto deberán asegurar una custodia de emergencia de acuerdo con la ley”, explicó Rodríguez Veve.
El Proyecto del Senado 297 responde a una laguna en la legislación actual sobre el consentimiento en menores que buscan abortos bajo las excepciones permitidas por el Código Penal. Según la medida, los progenitores o custodios legales deben otorgar su consentimiento por escrito antes del procedimiento, salvo en casos donde el embarazo sea producto de abuso por parte de un familiar. En tales casos, el personal médico tiene la obligación de notificar al Departamento de la Familia y proporcionar custodia de emergencia.
La senadora Roxanna Soto Aguilú, quien también mostró su apoyo a la medida, destacó la importancia de atender las realidades de muchas menores en Puerto Rico. “Es común normalizar situaciones de abuso en menores, y este proyecto busca un punto medio para evitar revictimizar más a las víctimas”, expresó Soto Aguilú. La senadora propuso una enmienda que incluye una entrevista privada con un consejero profesional certificado para asegurar que la menor actúe de manera voluntaria y para derivar el caso al Departamento de Justicia y al Departamento de la Familia.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la medida y las enmiendas presentadas, asegurando que esta disposición busca atender la situación de las menores de 15 años o menos de manera efectiva. “Lo que buscamos es garantizar que los procedimientos sean más precisos y ofrecer una solución real ante esta problemática”, comentó Rivera Schatz. Durante la sesión también se aprobó una enmienda adicional para asegurar que todos los casos sean reportados al Departamento de Justicia.
En la misma sesión, se aprobó la Resolución del Senado 17, que busca investigar las estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre de La Parguera, así como la Resolución del Senado 23, que ordena una investigación sobre el estado de la carretera PR-10 en los municipios de Ponce y Adjuntas.
Con la aprobación de estas medidas, el Senado de Puerto Rico ha dado un paso importante en la regulación de los derechos de las menores en relación a los procedimientos de aborto, buscando siempre su protección y bienestar.
