La propuesta exige rastreo, bitácoras y conservación de registros durante cinco años, además de prohibir usos personales, comerciales y partidistas
SAN JUAN, Puerto Rico
El Senado aprobó este lunes una propuesta para establecer controles tecnológicos y multas administrativas de entre $1,000 y $5,000 por el uso indebido de vehículos oficiales del Gobierno de Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 1247, presentado por Ángel Toledo López, crearía una nueva Ley de Vehículos Oficiales. La medida exige mecanismos de rastreo, monitoreo y documentación, así como bitácoras y la conservación de los registros durante al menos cinco años.
La propuesta prohíbe utilizar propiedad vehicular pública para fines personales, familiares, comerciales, recreativos, electorales o partidistas. No obstante, reconoce excepciones operacionales justificadas para emergencias, seguridad pública y continuidad de servicios esenciales.
Las multas deberán pagarse con fondos personales cuando se determine que hubo uso indebido, alteración de registros o interferencia con el equipo de rastreo. La pieza fue aprobada por el Senado, pero todavía debe completar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Nueva regulación para la industria de la chatarra
En la misma sesión se aprobó el Proyecto del Senado 909, que propone ampliar la regulación de los depósitos de chatarra para incluir a personas y empresas que trabajan como colectores.
La medida crea licencias diferenciadas, requisitos de inspección y trazabilidad, y un registro electrónico administrado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. También contempla penalidades por operar sin autorización, falsificar documentos o mantener depósitos informales.
Campañas para animales callejeros
El cuerpo legislativo también avaló el Proyecto del Senado 963, de Roxanna Soto Aguilú, que ordenaría hasta tres campañas anuales de recogido de alimentos y artículos para animales callejeros, principalmente perros y gatos.
La Oficina Estatal de Control Animal coordinaría las iniciativas con municipios, la Policía, rescatistas registrados y organizaciones acreditadas. Los suministros no podrían venderse ni destinarse a usos comerciales.
La sesión incluyó otras medidas y confirmaciones. Los textos y el trámite oficial están disponibles en el portal del Senado de Puerto Rico.
