El controvertido Proyecto del Senado 923 fue aprobado por descargue con apoyo del PNP y el rechazo de sectores opositores que alertan sobre un intento velado de criminalizar el aborto
San Juan (EFE) – El Senado bajó este miércoles por descargue y aprobó el proyecto que tipifica como asesinato la muerte de un concebido no nacido en cualquier etapa de gestación, pese al rechazo de miembros de la oposición y de activistas de derechos humanos.
El Proyecto del Senado 923 (PS923), radicado por la gobernadora Jenniffer González, contó con el apoyo de 20 senadores, mientras que seis votaron en contra y dos se abstuvieron.
La controversia por una medida que, según sus críticos, va dirigida a criminalizar el aborto, se vio en esta jornada exacerbada por los cambios de opinión de la gobernadora.
González dijo primero en una entrevista televisada que el proyecto se podía retirar pero finalmente decidió que lo evaluara la Legislatura.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que el PS923 «no tiene nada que ver con el tema del aborto» y que contaba con los votos para ser aprobado.
Una de las senadoras que votó en contra fue la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien denunció que la propuesta «persigue generar un choque con el Estado de derecho vigente que hoy permite el aborto hasta cierto término y en ciertas condiciones».
«Este tipo de iniciativas persigue y tiene grandes posibilidades de lograr un efecto disuasivo de impedir que las mujeres acudan a espacios seguros, a espacios clínicos para ejercer esa facultad», lamentó Lourdes Santiago.
También el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) rechazó la aprobación por descargue del PS 923 por atentar directamente con la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos.
«Enmendar el Código Penal y menos el delito de asesinato para incluir ‘al concebido pero no nacido’ no es algo simplemente técnico, y no puede aprobarse por descargue. Es una irresponsabilidad legislativa y otro acto autoritario del PNP en el Senado», expresó Eva Prados Rodríguez, coordinadora general de MVC.
Aunque el aborto es legal en Puerto Rico, porque esta protegido por el derecho constitucional a la intimidad, Prados advirtió que esta medida «puede tener el efecto en la práctica de criminalizar las terminaciones de embarazo sin decirlo directamente».
El PS923 crea confusión para las mujeres y médicos impactando la práctica de la medicina mucho más allá de las terminaciones de embarazos, sino además en la limitación de servicios durante el embarazo.
Ayer, Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, aseguró que el proyecto constituye «una criminalización absoluta del aborto, es contrario al Estado de derecho y pone en riesgo el derecho a la vida y seguridad de las mujeres, las niñas y las personas gestantes».
A finales del año pasado, la gobernadora firmó una ley que reconoce al no nacido como persona natural, lo que el PIP y ACLU también denunciaron que era un primer paso para ilegalizar el aborto.
