La propuesta crea una vía para solicitar órdenes de protección en casos de violencia cometida con armas
SAN JUAN (EFE)
El Senado informó este miércoles que aprobó sendas medidas, entre ellas, el Proyecto del Senado 1010, que establece un mecanismo para que las víctimas de delitos violentos o intentos de delitos cometidos con armas puedan solicitar órdenes de protección.
La medida, una de dos que la Cámara Alta aprobó de su presidente, Thomas Rivera Schatz, busca ampliar las herramientas legales disponibles para garantizar la seguridad de las personas afectadas por dichos actos criminales, según se explicó en un comunicado de prensa difundido hoy.
«Esta Asamblea Legislativa reconoce que las órdenes de protección constituyen uno de los mecanismos preventivos más efectivos para salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad física de las personas que enfrentan riesgos reales o inmediatos de sufrir nuevos actos de violencia», dicta la cita de exposición de la medida.
Por otra parte, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 852, del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos, que propone aumentar de 30 a 40 % el descuento que reciben los ciudadanos cuando pagan una multa de tránsito dentro de los primeros 15 días de expedida.
«Esta medida viene a atender asuntos no típicos. El propósito es que aquellos que reciban una multa expedida tendrán dentro del período de 15 días un descuento del 40 por ciento si la pagan», resaltó Ríos.
El Senado, a su vez, aprobó el Proyecto del Senado 1116, de Nitza Moran Trinidad y Joanne Rodríguez Veve, para crear la «Ley de Responsabilidad Parental hacia el Ser Humano en Gestación o Nasciturus de Puerto Rico».
La medida establece responsabilidad compartida entre ambos progenitores desde la concepción para cubrir gastos médicos, prenatales y relacionados con el embarazo y parto.
Además, crea una causa de acción civil para reclamar gastos de gestación y permite al tribunal ordenar pruebas de paternidad en casos de controversia sobre filiación.
«Con este proyecto buscamos que ambos padres asuman la responsabilidad económica de manera proporcional, y obviamente, tomando en consideración la capacidad económica de cada cual ante la llegada del hijo», dijo Rodríguez Veve.
Finalmente, el Senado aprobó a Nereida Feliciano Ramos como jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia en su renominación, a Samuel A. Silva Rosas como presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra, y Ramón Cruz Alicea como comisionado de la Comisión Industrial.
