Medida impulsada por la senadora Karen Román Rodríguez busca fortalecer la política pública, la planificación y la accesibilidad para la comunidad sorda
SAN JUAN, Puerto Rico — El Senado de Puerto Rico aprobó una medida histórica dirigida a atender de forma estructurada las necesidades de la comunidad sorda en la isla, al dar paso al Proyecto del Senado 792, que crea la Ley del Registro de Personas Sordas en Puerto Rico.
La legislación, de la autoría de la senadora por el distrito Mayagüez–Aguadilla, Karen Román Rodríguez, establece por primera vez un registro oficial y confiable de personas sordas, con el objetivo de recopilar información estadística que permita mejorar la planificación gubernamental, la toma de decisiones y la provisión de servicios esenciales.
Tras la aprobación de la medida, la senadora destacó que la ausencia de datos precisos ha limitado históricamente el desarrollo de una política pública efectiva para esta población. Señaló que el nuevo registro permitirá al Gobierno actuar con mayor responsabilidad, precisión y sensibilidad social.
El registro será administrado por el Departamento de Salud de Puerto Rico, en coordinación con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda. Según establece la ley, la implementación se realizará utilizando los recursos humanos, tecnológicos y administrativos existentes, sin crear nuevas plazas ni generar una carga fiscal adicional para el Estado.
Entre los propósitos principales de la legislación se encuentran la recopilación de estadísticas confiables sobre la población sorda, la identificación de necesidades relacionadas con intérpretes de lenguaje de señas y sistemas de comunicación accesible, y el fortalecimiento de la respuesta gubernamental en situaciones de emergencia y desastres naturales. Además, la medida busca garantizar la aplicación efectiva de las leyes estatales y federales relacionadas con la accesibilidad y los derechos de las personas sordas.
La ley también incluye disposiciones estrictas de confidencialidad para proteger la información recopilada y asegurar que su uso se limite exclusivamente a los fines autorizados.
Con la aprobación del Proyecto del Senado 792, el Senado reafirma su compromiso con una política pública basada en datos, equidad y justicia social, marcando un avance significativo para la comunidad sorda y sus familias en Puerto Rico.
