Comisión senatorial recibe advertencias sobre fechas de vigencia, retenciones ya realizadas y posible extensión en la radicación de planillas
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico continuó el segundo día de vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 912, correspondiente a la segunda fase de la reforma contributiva del Ejecutivo, en un proceso marcado por el aval general de entidades privadas acompañado de señalamientos técnicos que podrían incidir en la implantación de la medida.
La presidenta de la Comisión, la senadora Migdalia Padilla Alvelo, sostuvo que esta etapa de la reforma permite atender enmiendas al Código de Rentas Internas vigente y reiteró que el proyecto no es definitivo. Indicó que las vistas buscan recopilar insumos para lograr una reforma contributiva con alivios fiscales y viabilidad administrativa.
Durante su comparecencia, la presidenta y principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, alertó sobre inconsistencias en las fechas de vigencia incluidas en el Artículo 1 del proyecto, relacionadas con el tratamiento contributivo de compañías de responsabilidad limitada de un solo dueño. Señaló que el lenguaje actual podría generar contradicciones y recomendó uniformar su redacción.
Álvarez Rubio también advirtió que la exención contributiva propuesta para las distribuciones del Plan de Aportaciones Definidas a servidores públicos, contenida en el Artículo 9, tendría efecto retroactivo al 2025, año en el que ya se realizaron retenciones y se preparan informes informativos. Ante ese escenario, recomendó que el Departamento de Hacienda emita guías claras y conceda entre 45 y 60 días adicionales a los agentes pagadores para ajustar sus sistemas.
Al evaluar la competitividad fiscal, la representante del sector bancario indicó que aumentos en ciertas tasas podrían afectar negativamente a sectores específicos y desincentivar la permanencia de contribuyentes en Puerto Rico.
Por su parte, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, David Rodríguez Ortiz, avaló la medida con enmiendas y señaló que, aunque el proyecto persigue un propósito legítimo, no constituye una reforma contributiva integral. Indicó que se trata de un paso intermedio mientras se desarrolla una reforma más amplia que atienda de forma balanceada a individuos, corporaciones, entidades conducto, impuestos al consumo y contribuciones municipales.
Rodríguez Ortiz recomendó que cualquier aumento en tasas contributivas incluya salvaguardas que promuevan estabilidad normativa y una evaluación periódica de su impacto económico. Además, planteó que el financiamiento de la reforma no recaiga de forma desproporcionada sobre contribuyentes de altos ingresos y se complemente con ahorros estructurales y mejoras en el recaudo existente.
En torno a los plazos de cumplimiento, el Colegio de CPA advirtió que, con la información disponible, no resulta razonable mantener la fecha del 15 de abril para la radicación de planillas si se aprueban cambios sustanciales. Indicaron que hasta contar con una ley final no es posible definir con precisión el tiempo adicional necesario.
Desde el punto de vista macroeconómico, el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, informó que la entidad no tiene objeción al proyecto y estimó que la inversión asociada a la reforma contributiva para el 2026 generaría un impacto económico de $1,413 millones, la creación de 9,139 empleos y un ingreso salarial de $388.9 millones. Añadió que la medida beneficiaría a cerca de 790,000 familias, equivalente al 99.8% de los contribuyentes, con mayor alivio para la clase trabajadora y media.
El Departamento de Justicia, representado por la licenciada Ketsy García Rosario, favoreció el proyecto y concedió deferencia a las evaluaciones técnicas del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Señaló que, desde el punto de vista jurídico, la medida se inserta adecuadamente dentro del marco del Código de Rentas Internas y no altera su estructura fundamental.
Las vistas públicas continuarán en los próximos días mientras la Comisión evalúa posibles enmiendas antes de rendir un informe final sobre el Proyecto del Senado 912.
