San Juan (EFEUSA) – El sector privado en Puerto Rico expresó este martes su preocupación ante la radicación de un proyecto cameral que fijaría un tope al impuesto al inventario que los comercios pagan actualmente y que el exceso de los productos estaría libre de tributación.
La preocupación del sector privado proviene luego de que el legislador Antonio Soto, del gobernante Partido Nuevo Progresista, y el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Javier Carrasquillo, informaran que radicarán dicho proyecto de ley.
No obstante, el sector privado indicó que ambos funcionarios harán lo propio sin que le entreguen un borrador para examinarlo y dar su postura.
«A estas alturas no hemos tenido acceso al borrador, y por lo que trasciende en prensa no se atiende en lo absoluto el reclamo del sector privado y los ciudadanos puertorriqueños de que se elimine el impuesto al inventario», dijo en un comunicado Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.
«Llevamos cerca de dos años en discusiones y análisis, y no nos parece prudente que quieran descargar un proyecto que no atiende la situación concretamente», enfatizó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Productos de Puerto Rico, Liliana Cubano, alertó que la medida cameral no pretende eliminar el impuesto al inventario, sino fijarlo por cinco años «como periodo para encontrar una sustitución que hasta ahora no han tenido la voluntad de producir».
«Nuestro llamado es a que no lo radiquen y no lo aprueben», enfatizó.
Asimismo, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Puerto Rico, Julio Ortiz, recalcó que la eliminación del impuesto a los inventarios «es crítico para estar preparados para otra emergencia, ya que no solo impacta alimentos y agua, sino todos los suministros y durante todo el año».
De acuerdo con el sector privado, Puerto Rico tiene inventario para menos de 20 días, por lo que los expertos urgen al Gobierno a mantener abastos y suministros suficientes para atender la necesidad de artículos de primera necesidad en toda la isla.
Además, según los estudios de la compañía Professional Market Research, el por ciento de faltantes de productos en góndolas («out of stock») del 2018 cerró en niveles alarmantes, por sobre el 20%, y el 2019 está promediando un 15.7%, casi el doble del 8% que operan otros mercados.
«Resulta inaudito que dos años luego de los huracanes no se haya eliminado este impuesto y estemos hablando de cinco años más de espera», añadió Kenneth Rivera, pasado presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
«Esta imposición ha trascendido de ser un mal impuesto a ser un obstáculo para la seguridad del pueblo y para la recuperación económica de país», abundó Rivera, quien mencionó que la presión de los alcaldes ha colado en la Legislatura para aprobar la medida.
Los empresarios reiteraron su llamado al Gobierno a que atienda este asunto de manera seria y responsablemente, y no con proyectos transitorios que no atienden de raíz la situación.
