Líderes empresariales advierten que no firmar la medida sería un retroceso para la competitividad y estabilidad económica del país
SAN JUAN, Puerto Rico – Las principales organizaciones del sector privado en Puerto Rico solicitaron formalmente una reunión con la gobernadora Jenniffer González Colón para discutir el Proyecto de la Cámara 420 (PC 420), una medida que congelaría por tres años el impuesto al inventario y establecería su eliminación definitiva en 2028.
La petición ocurre luego de que los presidentes legislativos indicaran públicamente que no reconsiderarán el proyecto ni lo devolverán a la mandataria, dejándole la decisión final sobre su firma. La solicitud también da continuidad a una carta enviada el pasado 8 de octubre, donde el sector empresarial expresó su apoyo unánime a la aprobación de la medida y reiteró su disposición para colaborar en la transición que esta implica.
“El PC 420 representa un paso histórico hacia la justicia contributiva ciudadana, la competitividad y la estabilidad económica del país”, expresó José González, presidente de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), al urgir una reunión con la Gobernadora para discutir alternativas de sustitución al impuesto, sin que ello implique la imposición de nuevas cargas fiscales.
Los representantes del sector privado advirtieron que no convertir el proyecto en ley supondría un retroceso en los esfuerzos por modernizar el sistema contributivo de la isla. Recordaron que el impuesto al inventario tiene efectos directos sobre los consumidores, pues restringe el acceso a productos esenciales y materiales de emergencia.
“Este proyecto ofrece una ruta clara y ordenada: protege las finanzas municipales, garantiza inventarios más amplios y fortalece la seguridad nacional. Es una oportunidad de justicia económica que no podemos dejar pasar”, afirmó Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico.
El grupo de entidades empresariales subrayó que el proyecto fue aprobado con el consenso de ambos cuerpos legislativos y que ya se han comenzado trabajos técnicos para identificar fuentes de sustitución que mantengan la estabilidad de los municipios sin afectar negativamente a la economía local.
Entre las organizaciones que suscriben el reclamo se encuentran ACDET, Hecho en Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Asociación de Restaurantes (ASORE), la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) y la Asociación de Centros Comerciales.
“Puerto Rico necesita una ruta clara de desarrollo económico, estabilidad y confianza. El PC 420 es esa ruta”, concluyó González.
