Las asociaciones empresariales califican la decisión de la gobernadora Jenniffer González como un golpe al desarrollo económico y un retroceso en la modernización contributiva
SAN JUAN, Puerto Rico – El veto de la gobernadora Jenniffer González al Proyecto de la Cámara 420 (PC 420), que buscaba congelar el impuesto al inventario por tres años, desató una fuerte controversia entre el sector privado y los alcaldes del país, evidenciando la dificultad de alcanzar un consenso entre desarrollo económico y estabilidad municipal.
La medida, aprobada por la Legislatura, proponía una congelación temporal del impuesto mientras se identificaba un mecanismo de sustitución. Sin embargo, González justificó su veto al advertir que, de firmarse el proyecto, los municipios dejarían de recibir unos $314 millones en ingresos durante el próximo año fiscal.
“Si firmamos la medida tal y como está, no tendríamos la fuente de repago para esas deudas”, explicó la gobernadora, quien adelantó que presentará un nuevo proyecto con una congelación de cinco años y una propuesta de sustitución más abarcadora.
“Hoy perdió Puerto Rico”, afirma el sector privado
Las principales asociaciones que agrupan al sector privado expresaron su decepción, calificando el veto como un retroceso económico y una oportunidad desperdiciada.
“Hoy perdió Puerto Rico. Con este veto, la gobernadora dejó pasar la oportunidad de hacer historia y de ponerse del lado del pueblo; a pesar del consenso de los presidentes de Cámara y Senado, a quienes agradecemos su postura y visión”, expresó José González, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET).
“El impuesto al inventario penaliza a todos: al ciudadano que no encuentra productos esenciales, al comerciante que no puede planificar y al país que no logra competir. Vetar este proyecto es cerrar las puertas al progreso y prolongar una estructura contributiva que el propio gobierno ha reconocido como insostenible”, afirmó Mateo Cidre, presidente de Hecho en Puerto Rico.
Por su parte, Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), lamentó que “una vez más, prevalezcan las presiones políticas sobre el bienestar del país. Seguiremos dando la batalla hasta lograr que este nefasto impuesto se elimine”, declaró.
De igual manera, el presidente de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Carlos Budet, sostuvo que el veto “no es solo un revés para el comercio, sino una pérdida para el ciudadano que paga más caro, para la empresa que intenta crecer y para el país que necesita desarrollo y estabilidad. Ganó la política, perdió Puerto Rico”, afirmó.
Alcaldes piden prudencia y planificación
Desde el ámbito municipal, algunos alcaldes expresaron apoyo al veto de la gobernadora, insistiendo en que la eliminación del impuesto requiere una planificación fiscal responsable.
El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, reconoció que existen alternativas para aliviar la carga contributiva de los comerciantes, pero señaló que la congelación propuesta en el PC 420 “no es la adecuada”.
“Lo que originalmente se había acordado era un proyecto que congelara el impuesto al inventario por cinco años, en lo que se buscaba un sustituto a ese ‘tax’. Eso también fue avalado por la Junta de Control Fiscal. Pero el proyecto actual solo da tres años y no provee para una sustitución”, explicó.
Aponte Dalmau recordó que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) había redactado un borrador de ley que permitiría a los comerciantes pagar el impuesto una vez se vendiera el inventario, evitando así el impacto financiero de pagarlo por adelantado.
“Esa propuesta atiende la necesidad de los comerciantes sin eliminar el impuesto, y permite mantener los recursos municipales para servicios básicos. Tres años es muy poco tiempo para buscar una sustitución; deben ser al menos cinco, como en el proyecto original”, insistió el alcalde.
Por su parte, el alcalde de Toa Baja, Betito Márquez, coincidió con la gobernadora en la necesidad de vetar la medida aprobada.
“La recomendación de los alcaldes es que se vete el proyecto. Si se veta, debemos sentarnos a la mesa y radicar otro proyecto que armonice las posiciones de todos”, afirmó.
Márquez subrayó que tanto empresarios como municipios “necesitan oxígeno”, y criticó la falta de comunicación entre las partes.
“Esto no es cuestión de quién tiene la razón. Puerto Rico necesita diálogo, transparencia y voluntad para discutir el bienestar del país”, apuntó, exhortando a los presidentes legislativos a dejar “la intransigencia a un lado”.
Asociación de Alcaldes desvincula al PPD del debate
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge ‘Georgie’ González Otero, aclaró que la controversia en torno al impuesto al inventario “no es atribuible al Partido Popular Democrático (PPD) ni a su presidente, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera”.
“Este proyecto fue concebido, promovido y aprobado por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara y el Senado, y responde a un compromiso programático de ese partido”, sostuvo el también alcalde de Jayuya.
González Otero insistió en que “no se puede hablar de eliminar el impuesto al inventario sin establecer antes un sustituto fiscal real y permanente que garantice los fondos esenciales para los municipios y los servicios que recibe la gente”.
“El licenciado Pablo José Hernández ha expresado una posición responsable y sensata: no se opone a la eliminación del impuesto, pero exige planificación, transparencia y una fuente alterna de ingresos antes de tocar el bolsillo de los municipios. Pretender responsabilizarlo por un error político originado dentro del PNP es desviar la atención del verdadero problema: la improvisación legislativa”, concluyó.
