La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) sostiene que el aumento en cargos fijos contradice la política pública y perjudica a los abonados
SAN JUAN, Puerto Rico – La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) rechazó este miércoles la determinación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de modificar la estructura tarifaria eléctrica para aumentar los cargos fijos y reducir el costo por consumo, al sostener que la medida es regresiva, contraria a la política pública energética y perjudicial para los consumidores.
La objeción de SESA surge luego de que el NEPR rechazara el aumento solicitado por los componentes del sistema eléctrico y mantuviera sin cambios la tarifa base de electricidad, aunque aprobó una redistribución de los costos del sistema que, según el ente regulador, busca una distribución más equitativa entre los abonados.
“SESA se opone a cualquier aumento en el cargo base. Este tipo de cambio tarifario levanta serias preocupaciones legales y de política pública, particularmente por su impacto desproporcionado sobre los clientes de menores ingresos”, expresó Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la organización.
La entidad planteó que el marco legal de Puerto Rico protege a los consumidores de cambios tarifarios regresivos y advirtió que aumentar el cargo fijo, independientemente del nivel de consumo, impone una mayor carga económica sobre quienes menos consumen, mientras beneficia relativamente a los clientes de mayor consumo.
“Esto es, por definición, una política regresiva. Penaliza a quienes menos consumen y limita la capacidad de los hogares de controlar su factura eléctrica a través de medidas de eficiencia y conservación”, añadió Rúa Jovet.
SESA también sostuvo que la redistribución aprobada por el Negociado premia la ineficiencia energética y el consumo desmedido, al mover parte del costo por consumo a cargos fijos mayores. Según la organización, esa estructura desincentiva la eficiencia y afecta tanto a los clientes con sistemas solares como a quienes evalúan adoptar esa tecnología.
“Puerto Rico necesita exactamente lo contrario: estructuras tarifarias que promuevan el uso eficiente de la energía, reduzcan la demanda y faciliten la integración de recursos energéticos distribuidos”, afirmó Rúa Jovet.
La organización señaló además que la medida reduce el valor económico de generar energía propia y aumenta costos fijos inevitables para los abonados. “Este tipo de política envía una señal equivocada al mercado en un momento crítico para la transformación energética del país. Penalizar la adopción de energía solar es inconsistente con los objetivos de resiliencia, asequibilidad y sostenibilidad que Puerto Rico ha adoptado”, puntualizó.
SESA informó que evalúa detalladamente la determinación, incluidos sus fundamentos legales y técnicos, y que se prepara para radicar una reconsideración administrativa ante el Negociado.
Por su parte, el NEPR indicó que los cambios derivados de la redistribución de costos no representarán un impacto sustancial en la factura del cliente residencial promedio.
Tras la determinación, la gobernadora Jenniffer González afirmó que el Negociado se mantuvo firme en no trasladar a la ciudadanía los costos asociados a ineficiencias operacionales o fallas en la administración del sistema. “Nuestras acciones han logrado añadir generación y bajar los costos”, expresó.
La mandataria sostuvo además que el NEPR se negó a aumentar el requisito de ingreso solicitado, lo que, a su juicio, hubiera premiado la falta de diligencia y eficiencia de los operadores privados. También indicó que permanecen disponibles más de $15,000 millones en fondos federales para apoyar la estabilidad energética del sistema.
Según González, en lo que va de cuatrienio se ha aumentado y diversificado la producción energética en la isla, con 1,200 megavatios adicionales de generación, subastas para 3,000 megavatios de generación permanente y 800 megavatios de generación temporera, además de la rehabilitación de unidades fuera de servicio y conversiones a gas natural.
Luego del anuncio, LUMA Energy informó que evaluará la decisión para determinar cómo apoya las inversiones que necesita el sistema eléctrico y cuáles serán los próximos pasos para su implementación. “Presentamos al Negociado distintos escenarios de inversión enfocados en atender las necesidades más urgentes del sistema, desde el mantenimiento continuo hasta la modernización de infraestructura crítica”, señaló Alejandro Figueroa Ramírez, principal oficial regulatorio de la empresa.
