Quiles sostuvo en vista pública que la canalización responde a una necesidad urgente de mitigación de inundaciones en comunidades de la zona metropolitana
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE) – El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, defendió este jueves la ejecución del proyecto de canalización del Río Piedras y advirtió que paralizarlo representaría un riesgo para la seguridad de decenas de familias en la zona metropolitana
«El proyecto es bueno. No hacer nada pone en riesgo la vida de las personas», sostuvo Quiles durante la cuarta vista pública llevada a cabo por la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por Ricardo Rey ‘Chino’ Ocasio, sobre la Resolución de la Cámara 438.
La comisión ordena investigar el alcance y los efectos sociales, ambientales y comunitarios del proyecto, Quiles fue enfático al asegurar que la obra responde a una necesidad urgente de mitigación de inundaciones.
En este contexto, Quiles aclaró que el DRNA no tiene injerencia directa en la gerencia del proyecto, que corresponde al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés).
Esta medida busca evaluar la pertinencia de la canalización del Río Piedras, así como sus posibles efectos sobre comunidades aledañas, particularmente en sectores como Villa Nevárez, Reparto Metropolitano, Jardines Metropolitanos y Universuty Gardens.
«Nosotros no hacemos expropiaciones; hacemos adquisiciones. Yo no tengo ningún otro interés que no sea el bienestar de la gente. Esos canales no tienen la capacidad y, a medida que continúe lloviendo, se van a desbordar. Hay familias en riesgo inminente», expresó el titular del DRNA.
Asimismo, subrayó que existe un riesgo evidente y que no debe ser ignorado sobre todo en las estructuras que están alrededor y en cercanía a las quebradas Ana y Josefina.
A su juicio, «el riesgo inminente es real, palpable e irrefutable».
Por su parte, el presidente de la comisión destacó que su objetivo es garantizar que cualquier proyecto que impacte a las comunidades se ejecute con transparencia, responsabilidad y atención a la seguridad de las familias.
«No podemos poner en riesgo a nuestros ciudadanos; por eso evaluamos cada detalle de esta iniciativa con rigor y compromiso», concluyó Ocasio.
La Resolución de la Cámara 438 también busca evaluar si las comunidades potencialmente afectadas han tenido acceso a información clara, oportuna y suficiente sobre el proyecto, así como revisar los mecanismos de participación ciudadana, especialmente entre adultos mayores de 65 años.
Bajo este contexto, varios legisladores plantearon su preocupación sobre las posibles expropiaciones y el valor del mercado actual, ya que podría no reflejar un precio justo para las familias que podrían verse afectadas.
