Ramón González expone irregularidades en la Autoridad de Tierras, encargada de administrar fondos asignados por la Ley 173 de 2020, y detalla referidos a Justicia y al FEI
SAN JUAN, Puerto Rico – El secretario saliente de Agricultura denunció durante el proceso de transición gubernamental que la Autoridad de Tierras ha estado manejando cerca de $30 millones anuales asignados a legisladores bajo la Ley 173 de 2020. Estos fondos están destinados a proyectos de infraestructura y ayudas directas, pero González aseguró que su administración identificó fallas administrativas y problemas que han afectado la misión principal de la agencia: promover el arrendamiento de terrenos agrícolas y fomentar la producción.
“Estos fondos fueron asignados por ley y mi obligación como secretario es distribuirlos según las peticiones de los legisladores. Sin embargo, la Autoridad no tiene el personal ni la capacidad técnica para manejar un programa tan complejo”, dijo González.
El programa, financiado mediante una porción del IVU, fue suspendido en 2022 tras detectarse irregularidades como contratos inadecuados y asignaciones a organizaciones no autorizadas para proyectos de construcción. El secretario indicó que estos hallazgos llevaron a referidos al Departamento de Justicia, al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) y a la Oficina del Contralor, que publicará un informe próximamente.
“Los contratos no protegían los fondos públicos, no se rendían informes sobre el uso del dinero y tampoco había mecanismos claros para recuperar los fondos. Esto motivó que revisáramos el reglamento y reforzáramos los controles”, explicó González.
Reacciones de los legisladores
El manejo de estos fondos fue tema de debate entre los representantes Georgie Navarro (PNP), Conny Varela (PPD) y el candidato al Senado Adrián González (PIP), quienes discutieron las declaraciones del secretario en el programa Jugando Pelota Dura.
Navarro defendió el programa, asegurando que es una herramienta para atender necesidades comunitarias. “Sí, es un barrilito, pero está auditado y ayuda a las personas que lo necesitan, sin importar colores políticos”, señaló.
Varela, en cambio, afirmó que la Autoridad de Tierras no es la entidad adecuada para administrar los fondos. “Esto debe trasladarse a una agencia con la experiencia necesaria y con controles más estrictos”, comentó.
Por su parte, González expresó preocupación por la falta de criterios claros para distribuir los recursos. “Esto sigue siendo un barril con otro nombre. Necesitamos transparencia y que los ciudadanos puedan supervisar el manejo de estos fondos”, sostuvo.
Futuro del programa
El secretario saliente recomendó a la próxima legislatura considerar enmiendas a la Ley 173 de 2020 para transferir el programa a una agencia más adecuada. Mientras tanto, las investigaciones en curso evaluarán si hubo mal manejo de los fondos y podrían derivar en consecuencias legales.
Este asunto ha reavivado el debate sobre la fiscalización y uso de recursos públicos, especialmente aquellos destinados a programas de asistencia manejados por legisladores.
