San Juan (EFEUSA) – La crisis generada tras la reciente dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se agravó este jueves después de que la Cámara de Representantes y el Senado de la isla decidieran aplazar a días distintos la confirmación del abogado Pedro Pierluisi como secretario de Estado, y, por ende, gobernador.
El gobernador nominó este miércoles a Pierluisi como candidato a secretario de Estado, quien, por mandato constitucional, es el siguiente en la línea de sucesión en caso de vacante en la gobernación.
El gobernador, quien dimitió el pasado 24 de julio por su participación en un chat privado, formaliza mañana a las cinco de la tarde, hora local, su renuncia.
Las dudas parten de la decisión del Senado de aplazar hasta el próximo lunes la vista de confirmación del abogado Pedro Pierluisi como nuevo secretario de Estado y, por ende, gobernador de la isla, y la de la Cámara de Representantes de citarle y votar para mañana viernes, cuatro horas antes de que se formalice la dimisión de Rosselló.
Por mandato constitucional el secretario de Estado es el siguiente en la orden de sucesión ante una vacante en la gobernación, seguido del secretario de Justicia -en esta caso la secretaria, Wanda Vázquez-, de Hacienda y de Educación.
Los interrogantes parten de la interpretación que los propios legisladores, analistas, abogados y medios locales hacen de la Constitución de Puerto Rico y de una enmienda a la Ley 7 de 1952 que establece la sucesión al cargo de gobernador.
Ésta marca que un secretario de Estado que no haya sido confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes puede ejercer funciones como gobernador interino si se produce la ausencia transitoria del gobernador.
Tras la reunión de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara, Carlos Méndez, dijo en conferencia de prensa que el solo hecho de que una de las dos cámaras rechace la propuesta de Pierluisi como secretario de Estado, no le permite ser gobernador.
Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera, dijo que la Constitución «claramente establece las facultades y prerrogativas del gobernador, la legislatura, y la rama judicial».
«Atiende de manera específica los asuntos cuando ocurre una vacante de manera temporal o de forma absoluta como ocurre en estos momentos en PuertoRico», advirtió Rivera.
A su vez, y durante su intervención en la sesión de hoy del Senado, Rivera dijo que «no hay crisis constitucional ya que Pierluisi ya fue juramentado» ayer, a falta de su confirmación hoy, que finalmente no se ha llevado a cabo.
Sin embargo, no respondió, a preguntas de los senadores de la oposición, de quien se haría cargo de la gobernación.
El propio Pierluisi, quien se acercó al Senado a escuchar la intervención del presidente de la Cámara Alta, dijo a los medios que se «estará evaluando desde el punto de vista legal» quien debe ser el gobernador con la situación creada y que «ya se verá a medida que se desarrollen los acontecimientos».
Nada más conocerse la decisión de ambas cámaras de aplazar la confirmación, en días distintos, de Pierluisi, la secretaria de Justicia, indicó que estaba «atenta» al proceso que se seguía en el Capitolio, en San Juan.
«Seguiremos realizando nuestra función. Mi renuncia no está contemplada. De llegar el momento, asumiremos la responsabilidad que impone la Constitución y la Ley», precisó Wanda Vázquez a través de Twitter.
Tanto Wanda Vázquez como Pierluisi como gobernadores por presunta obstrucción de la justicia en el caso de la primera, como, en el del segundo, por los vínculos laborales del bufete de abogados en el que trabajaba hasta este miércoles Pierluisi, O’Neill y Borges, con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Por otro lado, el secretario de la Gobernación de la isla, Ricardo Llerandi, indicó que el gobernador se mantiene «firme» en su decisión de formalizar la renuncia este viernes.
Ante la posibilidad de que no lo hiciera y a preguntas de los periodistas, el presidente de la Cámara de Representantes indicó que si no dimitiera se volvería a activar el proceso de «residenciamiento» (juicio político) en su contra.
La dimisión fue anunciada por Rosselló el pasado 24 de julio tras la agitación social y política que se produjo en la isla tras desvelarse el contenido de un chat privado en el cual el gobernador y varios de sus asesores se mofaban e insultaban a varios colectivos como el LGTB, mujeres, artistas, periodistas y políticos, entre otros.
Desde el sector privado se pidió urgencia para que la Asamblea legislativa tomara una decisión, algo que finalmente no se ha producido.
El presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Emilio Colón, expresó la necesidad de que la Asamblea Legislativa tome «acciones para restaurar el orden público, la confianza y la credibilidad de Puerto Rico ante el Gobierno Federal» y pidió que se de el consentimiento a Pierluisi por su experiencia en el sector público y privado.
Por último, la sección de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR) recordó, por su parte, que dilatar esta confirmación podría tener un impacto adverso en la industria de la construcción y la economía de la isla.
