La ciudad capital aprueba enmiendas al Código de Orden Público
El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, informó este jueves de la aprobación de enmiendas al Código de Orden Público del municipio de San Juan a controlar ruidos para reforzar la convivencia ciudadana, la tranquilidad en las comunidades y mejorar la gestión de la limpieza de los espacios públicos.
«Estas enmiendas responden a situaciones reales que nuestros residentes enfrentan diariamente. Estamos fortaleciendo el Código de Orden Público para convertirlo en una herramienta más ágil, justa y efectiva, que nos permita atender querellas con mayor prontitud, sin perder el balance entre la actividad económica y la tranquilidad de nuestras comunidades», expresó en un comunicado Romero.
Como parte de las enmiendas, se modernizan los criterios de intervención de los agentes del orden público al atender querellas por ruidos innecesarios provenientes de establecimientos fijos.
Con estos cambios, podrán determinar si la medición de decibelios debe realizarse desde la fuente del sonido o desde el lugar donde el ruido impacta al residente, permitiendo intervenciones más ágiles, razonables y ajustadas a la realidad de cada comunidad.
Además, la medida actualiza las multas por infracciones relacionadas con el manejo y disposición de desperdicios sólidos y el cuidado de los espacios públicos.
Entre los cambios, se establece que la primera infracción por manejo inadecuado de desperdicios conllevará una multa de 1,000 dólares, la segunda de 2,500 dólares y la tercera y subsiguientes de 5,000 dólares, reforzando así el cumplimiento de normas esenciales para proteger la salubridad, la limpieza y el bienestar colectivo.
De igual forma, se incrementan las multas por arrojar basura en espacios públicos, por no mantener limpias las áreas frente a propiedades residenciales o comerciales y por incumplimientos relacionados con actividades multitudinarias.
La medida también contempla acciones adicionales, incluyendo la posible revocación de permisos en casos de incumplimiento reiterado, fortaleciendo así los mecanismos de fiscalización y cumplimiento.
La legislación es el resultado de un proceso de evaluación responsable que incluyó la consideración de preocupaciones expresadas por residentes y sectores impactados, así como el análisis de herramientas adicionales para atender de forma más efectiva situaciones que afectan la convivencia, la limpieza y el orden en distintas comunidades de San Juan.
«No se trata únicamente de imponer sanciones; se trata de crear conciencia, establecer consecuencias claras y asegurar que todos residentes, comerciantes y visitantes, aporten al bienestar colectivo», zanjó Romero.
